El Tribunal Supremo de Florida anuló en febrero de este mismo año la sentencia de muerte dictada contra Pablo Ibar, el único español condenado a la pena capital en el mundo que lleva más de 21 años preso en los Estados Unidos, 15 de ellos en el corredor de la muerte. En junio, el Estado de Florida notificó de manera oficial su intención de volver a solicitar la ejecución de Ibar, en la repetición del juicio que se celebrará contra el joven guipuzcoano por el presunto asesinato de tres personas en 1994.
La pena de muerte es la sanción jurídica capital, la más rigurosa de todas: consiste en quitar la vida a un condenado mediante los procedimientos y órganos de ajusticiamiento establecidos por el orden procesal que la instituye. Un informe reciente publicado por Amnistía Internacional indica que “de todas las ejecuciones registradas en 2015, el 89% se llevaron a cabo en sólo tres países: Irán, Pakistán y Arabia Saudí. Estados Unidos completa el grupo de los cinco principales verdugos del mundo, allí aún es legal en 31 Estados.”
Un estudio realizado por la Universidad de Columbia reveló en febrero de 2000 que dos tercios de todas las condenas a muerte en los Estados Unidos fueron revocadas —entre 1973 y 1995— por graves errores. La magnitud del problema despertó un consenso bipartidista de tal dimensión que alcanzó niveles de crisis. Muchos, piensan que los juicios ponen en el corredor de la muerte a personas que no deberían estar en tal situación. Otros, dicen que las apelaciones a las sentencias son demasiado largas. Este estudio estadístico sugiere que ambas observaciones son correctas. Las sentencias duran demasiado tiempo bajo revisión judicial porque están cargadas persistente y sistemáticamente de fallos. De los 4.578 casos revisados a nivel nacional, el 68% fue revocado por los tribunales estatales o federales. En las causas en las cuales se repitió el juicio, el 82% de los condenados recibió una sentencia menor a la de la privación de la vida y el 7% fueron declarados inocentes. En otras palabras: las Cortes encontraron errores graves en 7 de cada 10 casos. Los juicios capitales producen tantos equívocos que se necesitan tres inspecciones judiciales para detectarlos, dejando importantes dudas sobre si fueron halladas todas las pruebas. Los elevados porcentajes de confusión persisten aún hoy en nuestros días. Este fenómeno ocurre en todo el país. Más del 90% de los Estados en los que existe la pena de muerte tienen porcentajes de error de un 52% o más. La mayoría de las veces los condenados esperan años la revisión de su caso. El tiempo necesario para corregirlos impone un terrible coste para quienes pagan impuestos, para las familias de las víctimas, para el sistema judicial y para el propio condenado. Por otro lado, se pierde la finalidad que se busca con este procedimiento, que es la de la retribución a la sociedad y la disuasión del delito.
Una ejecución no es simplemente el acto de dar muerte a un reo condenado a esta pena. Convierte a la muerte en una Ley, en una premeditación pública conocida para la futura víctima, en una organización que es en sí misma una fuente de sufrimientos morales terribles. La pena de muerte difiere de otras categorías de violaciones de los derechos humanos como la tortura, ya que normalmente no se oculta ni se niega sino que forma parte de las leyes del país.
Más información sobre el caso de Pablo Ibar en el sitio web www.pabloibar.com
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