Parece que el nuevo Gobierno no tiene demasiada prisa por erradicar los viejos preceptos aupados por el Partido Popular y que en el ámbito laboral discriminaban de forma notoria a los trabajadores. Los responsables del departamento de Trabajo parecen poco proclives a derogar la reforma laboral y a reconquistar los derechos de los empleados, cercenados por una legislación restrictiva que fue impulsada, con el pretexto de la crisis, por los anteriores dirigentes ministeriales.

Es posible que el Gobierno de Pedro Sánchez se tome su tiempo para justificar legislativamente las necesidades de una nueva normativa en el ámbito del sector. Démosles los cien días preceptivos, que la derecha no les concede, pero hagámosles participes de una elocuente prioridad: los trabajadores no pueden (ni deben) partir en condiciones de desigualdad a la hora de ser contratados por el mercado laboral.

No estaría mal que, independientemente, de una ruptura de calado con la política laboral del PP, el Gobierno del PSOE hiciera una serie de guiños a los trabajadores en la línea en la que los sindicatos y los ciudadanos requieren: el fin de la discriminación y la vuelta a los modelos anteriores a la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa. Incluso debería ir más allá.

Es verdad que muchos de los elementos regresivos de la política laboral conservadora fueron vaciados de contenido por los tribunales de lo Social, que con sus sentencias impidieron la debacle que representaba la doctrina de los sectores conservadores, aunque también es cierto que por mucha buena voluntad que exista en togados sensibles a las causas de los trabajadores, la ley es la ley y a ella hay que atenerse.

Desde que el derecho de huelga se incrustó en la Constitución, las organizaciones sindicales se han mostrado contrarias a un desarrollo de la ley de Huelga ante la hipotética posibilidad de que se redujera su función y se eliminara el carácter de modelo de defensa del empleo con la que se le ha vinculado. No sé yo si, tal como están las cosas, sería conveniente, variar la filosofía y legislar sobre los paros desde una perspectiva progresista, si la mayoría social y legislativa está por la labor.

Hay un punto ciertamente preocupante en este aspecto y es la promulgación de los servicios mínimos inherentes a la convocatoria de huelga en un sector estratégico. Porque esa es otra. Hay empresarios que exigen la constitución de servicios mínimos hasta en una heladería y conviene recordar que esta prerrogativa es sólo en aquellas empresas y sectores cuya consecuencia del paro podría producir efectos perniciosos en la población.

Resulta que cuando se anuncian los servicios mínimos, siempre se convierten en máximos y hay ocasiones en que toda la plantilla está al servicio de sus jefes, dinamitando las pretensiones de los huelguistas y con más gente trabajando que, incluso, en vacaciones. La mayoría de las veces, estos servicios son recurridos por los sindicatos y obteniendo el plácet de los jueces, pero para cuando se aplica la sentencia, el conflicto ya es pasado.

A mí me parece que hay que buscar una fórmula justa en la que no sean los empleadores los que dicten los servicios mínimos y que estos se lleven a efectos desde postulados razonables, porque la huelga es un derecho de los trabajadores que la patronal no debe coartar con medidas trampa.

Es posible que la creación de un órgano independiente que formule los servicios mínimos de manera adecuada pueda remediar parte del gran problema que se produce en muchas empresas o sectores. Es posible que ese órgano salga del necesario y deseado debate entre las partes sociales y políticas para que se cumpla la Constitución de manera evidente. Todo menos este vacío legal que permite a muchos, manejar a su antojo una decisión tan dolorosa para las plantillas como es declararse en huelga.

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