Vivimos tiempos tan revueltos que hasta los ricos y los desocupados con cuentas bancarias saneadas alzan la voz con firmeza para que las compañías aéreas bajen los precios de los vuelos al extranjero de manera considerable y operen de forma continuada con otros aeropuertos de Europa y del mundo entero. Y claman porque las administraciones públicas no subvencionan a estas empresas como si el dinero de todos estuviera destinado a pagarles los gastos a las empresas de aviación. Conviene recordar que estamos en una economía de libre mercado (no por mi gusto, por cierto) en la que la competencia y la libre concurrencia de precios es esencial.
No sé por qué, aunque lo intuyo, algunos lobbies de empresarios y firmas multinacionales están empeñados en que sus viajes de negocios o de placer tengan que resultar muy baratos y lo único que se les ocurre es que los gobiernos sufraguen los gastos con lo que ingresan por los impuestos de todos. Es cierto que una de las atribuciones de las instituciones es tratar de fomentar el transporte y el servicio de viajeros, pero una cosa es fomentar y otra dar trigo a las compañías aéreas.
Es necesario recordar también que hubo un intento más que serio de privatizar los aeropuertos de toda España en el que los empresarios del sector (si es que los tiene) apenas participaron dadas las fuertes inversiones que había que realizar y que la medida quedó parcialmente paralizada debido al fracaso de la venta de acciones. Me da la impresión de que algunos linces del enriquecimiento sólo pretendían embolsarse las tasas aeroportuarias y lucrarse con las inversiones ya realizadas. La enésima versión de toma el dinero y corre.
A pesar de que en Cataluña andaba el procés dando sus primeros pasos, AENA consiguió privatizar casi la mitad del aeropuerto de El Prat, dejando la mayoría como una especie de acción de oro para el Estado, ante la posibilidad de que se le fuera de las manos. En la actualidad, el 49% de las acciones del aeródromo catalán está en manos privadas, sin que, a pesar de las alabanzas de los jaleadores del libre mercado, se noten mucho las diferencias. Eso sí, los beneficios que da el aeropuerto se reparten casi a partes iguales y los dineros públicos menguan con respecto a las arcas de los inversionistas.
Conviene saber estas cosas y más cuando se habla con ligereza de que el Estado, a través de sus distintas administraciones, subvencione con dinero público las operaciones que tienen atribuidas las compañías áreas, muy proclives a que les pongan el huevo desde los gobiernos autonómicos mientras ellas se llevan el santo y la limosa.
Y conviene, por último, tener información de que ya no hay compañías de bandera en los distintos países de la Unión Europea, es decir, empresas de titularidad pública. Iberia, que en España era la joya de la corona, malvive abducida por British Airways y ya no puede organizar sus slots y trayectos más o menos según sus intereses. Eso sí que se le puede exigir a una empresa pública: que marque los precios en función de los intereses de la mayoría. Pero es bastante complicado reclamar a una compañía privada y menos si es de bajo coste que se atenga a las leyes que marcan los poderes públicos salvo que las nacionalicemos. ¡Es el mercado, estúpidos!
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