Jamás en mi vida he visto un colectivo tan obstinado en desprestigiar a la Justicia como los propios jueces españoles. Sus decisiones alarman a sus colegas europeos, desconciertan a los ciudadanos de buena voluntad y sorprenden a aquel que incluso tiene alguna idea de leyes, pero es incapaz de comprender cómo se producen algunas resoluciones judiciales.

Retorcimiento de la legalidad para argumentar las sentencias, utilización arbitraria de los privilegios para interpretar la Ley según criterios ideológicos o simplemente decisiones que corresponden más a caprichos personales que a una construcción jurídica que sostenga la tesis argumentada por el ponente, son algunas de las críticas que en medios judiciales serios se hacen a los sentenciadores sin que nadie ponga en entredicho si la capacitación de los magistrados es lo suficientemente sólida como para no poder apelar a una instancia superior y ajena que deje constancia de la honestidad del fallo.

En los últimos tiempos, gran número de las sentencias judiciales han creado una enorme alarma social, quizá porque algunos juzgadores desprecian a los justiciables y se consideran tan independientes para dictar resoluciones que lo son hasta de la Justicia. En otros artículos examinaremos determinadas prácticas. Ahora vamos a centrarnos en el juicio sobre los bebés robados.

La sorprendente decisión que resuelve la prescripción del robo de un bebé acaecido en 1969 y del que la víctima principal se enteró en 2010 pone de relieve la arbitrariedad de algunos magistrados para definir lo que está prescrito y no. Todo parece indicar que el hurto de la niña Inés Madrigal parece un delito continuado porque nadie denunció el caso hasta que fue descubierto. La muchacha se enteró ya de adulta que los supuestos padres que habían convivido con ella no eran sus progenitores biológicos, por lo que contar desde su nacimiento la fecha para iniciar la prescripción es una descabellada hipótesis de la Audiencia de Madrid. Hasta la Fiscalía ha recurrido.

Pero es que en la sentencia se obvia el carácter ideológico y terrorista del robo de bebés, teoría impuesta por el psiquiatra franquista Juan Antonio Vallejo Nájera, que vinculaba la expropiación de los hijos de las rojas a la mejora de la raza ariofranquista, y el carácter de alumno aventajado de Eduardo Vela, junto a las monjas con las que se enriqueció una buena parte de la columna vertebral de la dictadura, pone de relieve que se trata de una conspiración totalitaria que va más allá de un simple negocio entre cuatro aprovechados.

Irrita sobremanera que la Audiencia de Madrid acepte que el robo de bebés es un delito y asume que el doctor Eduardo Vela es culpable, pero se niega a que sea condenado e ingrese en prisión, aludiendo a un discutible estado de prescripción, que recuerda a aquella asunción por parte de John Foster Dulles, secretario de Estado de los Estados Unidos, de que Anastasio Somoza era un hijo de puta, pero era «nuestro hijo de puta y no le tocaremos ni un pelo.»

Durante los momentos álgidos del grupo vasco Mocedades, cantaban una canción que decía: “¿Quién quiere vender conmigo la paz de un niño durmiendo?”, considerando una atrocidad cualquier daño que se le hiciera a estos pequeñuelos, como subraya la Biblia. Pues, ya veis, la paz de un niño no se puede comprar, pero robárselo a su madre tiene premio. Cosas veredes.

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