No estaría de más que alguien le explicara a la Sala correspondiente del Tribunal Supremo que ha fallado sobre la exhumación de Franco que el camino a seguir para adoptar una resolución es el de la ley y no el de Escrivá de Balaguer, para, de esta manera, tratar de evitar las barbaridades jurídicas de considerar que las sectas religiosas son más peligrosas de lo que parece. A nivel personal, uno puede ser de la mafia que le apetezca, siempre que no condicione la vida de los demás y, por supuesto, no seré yo quien propugne legislar sobre el uso del cilicio o sobre las aberraciones sexuales de cada cual. Pero cuando uno habla de tribunales, y sobre todo si es el protagonista de la sentencia, tiene que dejar de lado sus inclinaciones místicas.
A mí me parece que la llamada sentencia cautelar sobre la tumba del dictador es una tomadura de pelo. Primero, porque a pocas fechas de que se proceda a sacar los restos del asesino franquista del Valle de los Caídos no es más que una manera estúpida de ganar tiempo para que una decisión lógica del Estado sobre quien debe reposar en sus propiedades no tenga que llevarse a efecto. Si después de tanto tiempo de marear la perdiz de la documentación jurídica pertinente sobre si prevalece el derecho de la familia a guardar los restos de su pariente donde le plazca a ella, aunque no sea el nicho de su propiedad, aún no hay resolución jurídica y hay que llevar a cabo una resolución cautelar, mucho me temo que la unanimidad de la Sala quiere decir que no le sale de la punta del capullo resolver el problema, porque va contra los intereses ideológicos de los propios dirigentes jurídicos. Y eso ya raya en la prevaricación.
Uno empieza a estar dolorosamente harto de que algunas resoluciones judiciales tengan más que ver con los intereses del régimen anterior al de las libertades democráticas que a las que marca la Constitución de 1978 y es más que evidente que la discusión sobre dónde debe enterrarse el hombre que cercenó las libertades de un gobierno legítimamente establecido es un asunto de calado y de primera magnitud que los jueces debían haber resuelto ya con la gorra.
Por eso me huele a chamusquina ese supuesto error histórico de situar la jefatura de Estado del indeseable Caudillo el 1 de octubre de 1936, en vez de un año más tarde. No es que los juristas sean unos analfabetos y que el detalle haya pasado por alto. Es una convicción profunda de algunos que quieren remarcar que Francisco Franco fue el gobernante legítimo por encima de Manuel Azaña y con el que quieren justificar sus argumentos jurídicos para legitimar su engaño.
Franco tiene que salir cuanto antes del Valle de los Caídos, porque el Estado no lo quiere ahí. Es un argumento clave para avalar el desahucio de la momia y llevar cuanto antes sus restos a donde quiera la familia y si los herederos del asesino se inhiben, no pasa nada si se tienen que arrojar al mar. Pero cuanto más tiempo continúen en el lugar que repugna a la mayoría de los españoles, mayor será la resistencia de determinados colectivos a acabar con un régimen criminal y más tarde llegará la verdadera reconciliación nacional. Y sería un despropósito antidemocrático que algunos jueces fueran cómplices.
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