Los buitres afilan sus garras

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Manifestación en Madrid por la defensa del Sistema Público de Pensiones. Fotografía: Rodrigo Jiménez.
Manifestación en Madrid por la defensa del Sistema Público de Pensiones. Fotografía: Rodrigo Jiménez.

Desde tiempos inmemoriales, los fondos privados de pensiones tratan de revertir en España la situación sobre las jubilaciones de los ciudadanos y conseguir la captación de clientes para poder acrecentar su ya extensa cartera de pensionados, porque la situación actual no es precisamente propicia para las empresas que se dedican a contratar este tipo de pólizas.

La llamada a la inversión en fondos privados es constante y los bulos sobre el sostenimiento de las pensiones públicas se produce cada cinco minutos sin que ese grito de alarma llegue a ser escuchado por las posibles víctimas de los buitres que esperan que tarde o temprano sus llamamientos sean una realidad. Mientras tanto, afilan sus garras para cuando llegue el momento, pero la situación actual no es propicia para estos inversores.

La subida de las bolsas, el envejecimiento de la población y las crisis en las que se encuentran algunos de estos fondos privados parecen ser causas influyentes para que las empresas que se dedican a este negocio hagan desesperados llamamientos a los gobiernos para que cedan una parte de la tarta de las pensiones públicas a la iniciativa exterior.

Y es que los datos no engañan. Destacados economistas expertos en pensiones, pero que no pertenecen a ningún grupo inversor, han denunciado la intensa relación entre los rumores sobre quiebras de pensiones públicas y las pérdidas de estos fondos que en ocasiones son bastante alarmantes, sobre todo en países como los Estados Unidos y Holanda, que es donde estos lobbies padecen más los problemas derivados de sus excesos.

Contrariamente a lo que anuncian algunos agoreros, las pensiones púbicas son fácilmente sostenibles en gran parte de los países, a pesar de que algunas de las causas que atenazan a los fondos buitre también se adueñan de la caja de la Seguridad Social. Hace aproximadamente quince años un potentísimo fondo inversor estadounidense se declaró en quiebra y los afectados por el desaguisado aún están a la espera de las indemnizaciones. Muchos pensionistas privados se fueron al otro barrio sin las contraprestaciones que les debían.

La robustez de las pensiones publicas es inversamente proporcional a la situación económica de los fondos de inversión. Por eso, cada poco tiempo lanzan repetidas llamadas de auxilio para que se cambien de la zona de confort a la zona de riesgo que representan ahora mismo la contratación de una pensión privada, aunque sea de modo parcial. Según muchos expertos, es un peligro evidente hacer caso a los buitres, por mucho que sigan afilando sus garras, porque la solvencia de las pensiones públicas en España es sumamente evidente, ya que, por otra parte, el acceso al mercado laboral se ha incrementado en los últimos meses gracias a la reforma pactada entre el Gobierno y los agentes sociales.

El periodista John Müller, que se dedicó siempre a los asuntos económicos, antes en el diario El Mundo y ahora en el ABC, escribía muy preocupado hace unos días sobre la posibilidad de que la nueva Constitución chilena, que fue rechazada en plebiscito, suprimiera el modelo de pensiones que rige en Chile desde la llegada de Pinochet tras el golpe de Estado. Müller siempre fue coherente. Estuvo a favor del neoliberalismo ramplón en el periódico que fundara Pedro J. Ramírez y lo está ahora en el diario de los Luca de Terna.

Una de las mayores preocupaciones de los fondos buitre no descarta su modificación si hay una nueva Carta Magna como ha anunciado el presidente chileno Gabriel Boric. Es posible que si esto sucediera (y ojalá ocurra cuanto antes para que todos los habitantes de ese país tengan las mismas oportunidades) algunos de estos negocios que viven de las aportaciones privadas de los ciudadanos sufra tal golpe que sean ya irrecuperables. Y si pasa en Chile, la caída de las fichas del dominó en otras naciones parece irreversible. Lo público siempre es más seguro, sobre todo si hablamos del dinero y los recursos de los abuelos.

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