Se llama economía colaborativa a aquella forma de utilización individual de las nuevas tecnologías para sacar partido a una determinada circunstancia y obtener un beneficio económico. En realidad, se trata de un eufemismo de “yo me lo guiso, yo me lo como” y además… saco un superávit ahorrándome en impuestos, en relación laboral y en otras bagatelas de la contribución a la causa común, hasta el punto de que en ocasiones puede ocultar tras de sí una estafa piramidal.
La primera gran ofensiva de los aprovechategui de la economía colaborativa fue la irrupción de Uber en el mundo del transporte público, tras la experiencia de la menos ambiciosa BlaBlaCar, que sólo pretendía unir a varias personas en un automóvil privado para compartir gastos. Pero Uber iba más allá. Trataba de convertir en conductores a simples ciudadanos, con el loable propósito de ganar unos dinerillos extras, una parte de los cuales iba a la compañía.
El objetivo inconfesable era arrinconar a los taxistas y a los conductores del servicio público y quitarles el negocio por el que aquellos pagaban una tarifa y los correspondientes impuestos, mientras que los chóferes ocasionales de Uber no tenían que abonar ni cuotas sociales, ni impuestos ni la madre que lo parió. La ofensiva era tan grosera y tan perjudicial para el mundo del taxi que los profesionales se alzaron con todas las consecuencias contra esta esquilmación de los esfuerzos de este colectivo y lograron frenar una iniciativa que a medio plazo pretendía quedarse con el mercado y con las limosnas que lleva aparejadas.
Uber resultó fallido, afortunadamente, aunque es conveniente que los profesionales del taxi no canten victorias porque estas organizaciones de corte semimafioso vuelven siempre, como la primavera y seguro que aprovechan algunos de los posibles resquicios de la legislación y de la normativa vigente para entrar a saco en el mundo del transporte.
No es el único fiasco que se ha dado en el ámbito de la economía colaborativa. Por ejemplo, en la cuestión del reparto, donde florecieron inicialmente varias empresas que contrataban a riders (repartidores) sin ningún tipo de vinculación con la empresa y que cobraban por servicio. La legislación del Gobierno y las sentencias judiciales que se sustanciaron durante algún tiempo determinaron que los riders son trabajadores de plantilla y así algunas de estas compañías de reparto a domicilio como Deliveroo decidieron abandonar el país, mientras que otras, como Glovo, apelaron la sentencia, aunque fracasaran en su empeño y recibieran miles de multas por vulnerar la legislación laboral.
No sé lo que va a pasar con Amazon y otras compañías similares, pero me temo que si no modifican algunos de sus postulados laborales pueden quedar tan obsoletos en sus objetivos como las compañías antes citadas. Es verdad que la empresa creada por Jeff Bezos tiene una estructura empresarial más sólida, pero hace aguas por el terreno de sus trabajadores supuestamente autónomos. Ya veremos que ocurre en un futuro inmediato, porque la Sala de lo Social del Tribunal Supremo podría convertir en nada la propuesta de inversión de Amazon en Asturias.
La economía colaborativa está vinculada a la digitalización de la sociedad, pero el uso y explotación de los trabajadores según el capricho de los contratadores no es algo nuevo. Acordaros de los terratenientes andaluces que en las plazas de los pueblos escogían a los jornaleros que iban a ganarse una miserable retribución por los deseos y antojos de los capataces. Y, ¡ay de aquellos que tuvieran una mínima fama de no ser sumisos a los poderosos! Se exponían a quedarse sin trabajo y a morirse de hambre.
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