Estoy totalmente de acuerdo con la ministra de Justicia, Pilar Llop, que logró desactivar la ofensiva antigubernamental de los sectores de la judicatura, jueces y fiscales sobremanera, que con la aparente reivindicación de una subida salarial pretendieron mostrarse como un ariete contra la política de izquierdas del Ejecutivo.
Se dice que todos tenemos un precio, pero el de magistrados y fiscales que quieren ganar más ha quedado fijado en un plus de 450 euros al mes, que no es una cantidad baladí, y que ha frenado las pretensiones de quienes llamaban a la huelga indefinida.
Queda por saber si los sectores más conservadores de la Justicia —es decir, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales (AF)—, que deseaban alargar el conflicto hasta las elecciones de finales de mayo, se suman al acuerdo económico como las otras organizaciones o extienden su desafío hasta la misma huelga.
Hay que felicitar pues a la ministra, pero también recordarle que otros colectivos del sector y que son los que hacen los trabajos más duros y los que menos cobran, siguen en paro porque nadie hace puñetero caso a sus adecuadas demandas y no parece que haya visos de arreglo.
No quiero pensar que el hecho de que Pilar Llops sea jueza de carrera haya influido para resolver los problemas gremiales de sus compañeros y orillar el de los pertenecientes a los escalafones más bajos del ámbito judicial. Por tanto, urge pedir a la ministra un esfuerzo importante para que sus requerimientos sean atendidos. De esta manera, alejaríamos de nuestra mente cualquier tentación de corporativismo.
