Creo que no estamos abordando como es preciso la lucha contra el acoso escolar, a juzgar por las reacciones que se han sucedido en los últimos tiempos, sobre todo tras la trágica muerte por suicidio de una joven de 20 años, que sufrió eso que los ingleses y los más horteras llaman bullying, copiando la palabra del inglés, que se impone como siempre a nuestro castellano.
A la hora de afrontar con seriedad este grave problema somos un tanto ambiguos, sobre todo las autoridades académicas y los centros donde se producen las agresiones, quienes suelen mirar para otro lado y ni tienen protocolos para impedir estas situaciones ni, por lo que parece, la intención de ponerlos en marcha.
El suicidio de Claudia González, la joven de 20 años que había estudiado en el colegio católico de La Asunción, causó una enorme conmoción entre los habitantes de Gijón, pero parece que quienes tenían que haberse alarmado por el asunto tiraron balones fuera argumentando que nada sabían de lo que se había producido y, por supuesto, jamás sospecharon que esta circunstancia había tenido lugar. Eso y poco más que lamentar lo sucedido… sin el compromiso firme de investigar los hechos y sobre todo de aclarar si el profesorado hizo dejación de sus funciones.
Se dice que la propia Claudia dejo escrita una nota sobre su angustia cuando estaba en la escuela y que el acoso continuaba después de haber terminado sus estudios. Lo que sí trascendió fue una durísima carta de un antiguo alumno señalando con nombres y apellidos a los habituales acosadores del centro, algunos de ellos de familias conocidas y que mantenían una relación preferente con la dirección del referido centro educativo de ámbito religioso.
La denuncia de Héctor Gómez Navarro causó efecto y algunos de los padres de los chicos señalados han interpuesto una querella contra el joven, que no ha dudado en dar pelos y señales de los que a él y a otros muchos les hicieron la vida imposible durante su etapa escolar. La reacción del colegio fue bastante decepcionante y puso sordina sobre las acusaciones, sin ni siquiera plantear que fueran posibles y solamente respondió que estaba a disposición de las autoridades.
Afortunadamente, la Fiscalía ya se puso a trabajar desde el primer minuto y ha investigado (y según parece, tomado declaración) a tres de los acusados, por lo que en un plazo relativamente razonable tendremos una radiografía más o menos exacta de lo que ha ocurrido en este centro, que no parece que se limite a un caso aislado de acoso escolar. No sería malo que se conocieran otros antecedentes sobre eso que se llama bullying para hacernos una mejor composición de la situación.
El pasado mes de septiembre, la Audiencia Provincial de Castellón confirmó una sentencia de diez años de cárcel contra un hombre de más de 60 años que acosó a través de innumerables mensajes de wasap a un joven, incluso después de que el chaval manifestara la intención de suicidarse, lo que se produjo por desgracia días más tarde. Hay que tener en cuenta que esta importante pena se produjo pese al supuesto atenuante de que fue el propio muchacho quien primero contactó con el hombre, si bien más tarde, se arrepintió.
Todo parece indicar que cortar de raíz el acoso mediante condenas duras es el principal camino a seguir por las autoridades, siempre que los centros educativos jueguen el papel que tienen que jugar y no eludan sus obligaciones reales, que son las de impedir que el hostigamiento se produzca en cualquier circunstancia aunque sólo sea para proteger la buena reputación del propio centro.
Por eso, las reacciones contra el acoso que han sido tan estériles como la suelta de globos o el rezo de oraciones por el alma de la joven distan mucho de ser mínimamente eficaces. Lo de los globos porque los chavales pueden interpretarlo como un juego y en circunstancias futuribles parecidas lo perciban como una manifestación lúdica. Y lo de las oraciones, cuando una joven se suicida por acoso, suena más a tomadura de pelo que a intento racional de tratar de poner remedio a estos casos de agresiones contra los más vulnerables.
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