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La realización de la serie documental “Pacto de silencio” por parte de RTVE sobre la desaparición del conocido delincuente Santiago Corella “El Nani” (y posible asesinato, ya que su cadáver no ha sido encontrado tras cuarenta años de volatilización) pone de relieve que las cloacas del Estado han existido toda la vida: promoviendo la corrupción, el patriotismo ultraderechista y el apoyo condicionado a los más poderosos. Ya en tiempos del franquismo, el comisario Roberto Conesa, muy cómodo en la ilegalidad, fue uno de los artífices del GRAPO. Mientras, a lo largo de estos años de democracia, se han ido sucedido un importante número de agentes tramposos y con ínfulas de macarras proxenetas y con negocios sucios en el mundo del sexo y de la droga, que interrelacionaban muy bien.

Con una obediencia sumisa a las organizaciones de la derecha, política y económica, los policías de la patria se han caracterizado por hacer el trabajo sucio y neutralizar a los adversarios políticos inventándose historias macabras, tergiversando datos y robando archivos y teléfonos móviles de gentes de la izquierda para quitarlos políticamente del medio. Ahí está el incidente de la asesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, que un juez obstinado quiso convertir en caso político, aunque no lo consiguió porque sus superiores le pararon los pies, o el más surrealista de la política valenciana de Compromís, Mónica Oltra.

La dirigente de la izquierda levantina fue acusada de haber tratado de tapar los abusos sexuales de su exmarido, Luis Eduardo Ramírez Icardi, merced a una serie de mentiras, engaños y promesas a una niña para que la acusara, y que luego se retractó cuando comprobó que “después de metido, nada de lo prometido” y dio nombres y apellidos de conocidísimos fachas de su pueblo que la instigaron para empurar a Oltra.

Las primeras acusaciones surgieron de una conocida pedorra de extrema derecha llamada Cristina Seguí, periodista colaboradora del panfleto de Eduardo Inda OkDiario y cofundadora de Vox, organización de la que se desvinculó tras un tórrido romance con Javier Ortega Smith. Su carácter lenguaraz y su falta de escrúpulos la llevó por los programas más bastardos de las televisiones comerciales, de algunos de los cuales fue expulsada por atolondrada.

Cristina Seguí tuvo el apoyo incondicional de la extrema derecha valenciana y algunos sicarios policiales y judiciales, que si prueba alguna imputaron a Mónica Oltra y la obligaron a dimitir de su puesto de vicepresidenta del Gobierno valenciano, merced a un juez indolente al que le resbalaban los indicios sobre la inocencia de la política izquierdista y se dedica a prorrogar las investigaciones con el supuesto objetivo de apartarla de la política en una especie de neutralización y silenciamiento político del adversario.

Tiene gracia, pero es indignante que cuando la adolescente denunciante se retractó de sus acusaciones y confesó que fue obligada a contar que Oltra tapaba los abusos de su exmarido, el juez ni se planteó la declaración de la muchacha ni abrió ninguna otra diligencia. Vamos, que le sudó la polla porque no parecía que ratificaba su obsesión, tras escuchar además una intervención de la fiscal del caso, en la que la mala baba fue el eje central de la misma y que fue cómplice necesaria de los delirios de Vox.

Ahora, todavía hay una prueba más de que la imputación de Mónica Oltra es una sofisticación que adultera el Código Penal. Un informe policial descarta cualquier intervención de la vicepresidenta dimitida, después de haber analizado correos electrónicos, conversaciones telefónicas y hasta chats privados, y en el que fueron incapaces (porque no los había) de referir ni un miserable dato que apuntara a la política valenciana. Bueno, pues han pasado ya unos días y nuestro dilecto togado de instrucción todavía no ha dicho ni “esta resolución es mía”, quizá porque tiene prorrogado el sumario seis meses desde el pasado 30 de abril.

Tarde o temprano, Mónica Oltra saldrá libre porque ningún engaño se puede ocultar para siempre, pero el calvario que las cloacas del Estado le están haciendo pasar merece que sus impulsores sean condenados a prisión permanente revisable y a inhabilitación perpetua para cualquier cargo o toma de decisión. Y habría que aprovechar para que la presunción de inocencia sea uno de los asuntos esenciales de la Justicia española y así no vuelva a ocurrir que los sectarios puñeteros y uniformados impidan que la izquierda pueda presentarse a las elecciones, sin importarles que este país huela a verdadera mierda procedente de las cloacas del Estado.

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