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Si no existiera el Tribunal de Estrasburgo habría que inventarlo, porque sus decisiones ponen orden en los asuntos relacionados, entre otras cosas, con la migración y el asilo y ha obligado a varios estados europeos a conceder refugio a personas perseguidas en otros países que la deriva reaccionaria de muchas naciones continentales había denegado por causas de lo más extraño, pero siempre vinculadas con su deseo de congraciarse con la extrema derecha.

Hace unos nueve años, el TEDH obligó al Gobierno español a conceder la nacionalidad a treinta saharauis que habían sido desposeídos de esta prerrogativa, que siempre fue común para los nacidos en las antiguas provincias españolas, después de que ni el Gobierno de entonces, presidido por Mariano Rajoy, ni los jueces de nuestro país —tan prestos a admitir las demandas de los más cayetanos— hicieran nada por evitarlo.

Las cosas en España han cambiado poco, porque a pesar de que aún gobierna un ejecutivo progresista, en asuntos de migración y de asilo andamos rozando el suspenso. Claro que tenemos un ministro del Interior, el inefable Fernando Grande-Marlaska, que tiene tanto de hombre de izquierdas como servidor de miembro de la congregación de las hermanitas de la caridad.

Sea por dejadez, por indiferencia legislativa o por no despertar a la bestia de la ultraderecha española, que cada vez que bosteza repatría a miles de inmigrantes, lo cierto es que España no ha avanzado gran cosa, ni en el cuidado y protección de los extranjeros que vienen a trabajar a nuestra tierra ni se ha puesto a modernizar la vetusta Ley de Extranjería que el presidente Felipe González llevó a las Cortes para restringir derechos a los inmigrantes.

Y si de verdad queremos afirmar que sin duda tenemos un gobierno progresista, éste debe liderar avances en materia de derechos humanos de inmigrantes y de la concesión del derecho de asilo, porque Europa está en un claro retroceso; acomplejada por la insoportable presión de la derecha y de los poderes fácticos hacia quienes reclamamos derechos para los foráneos (salvo para los alemanes y los suecos en Baleares), porque de esta manera pueden explotarlos sin demasiados problemas en la recolección de la fruta, en las residencias de ancianos o en los ámbitos de la construcción.

Pero es que apenas apelamos a los tribunales europeos que nos ofrecen garantías de soluciones justas para los que vienen de fuera. El pasado mes de noviembre, Estrasburgo obligó al Gobierno belga a conceder asilo y la correspondiente protección a Abdoulaye Camara, un guineano que vivía en la calle porque no tenía recursos para seguir pagando una vivienda, ya que todo el dinero se lo llevaba el organismo que concedía las peticiones de asilo y que estaba totalmente colapsado hasta el punto de que él no era el único demandante que estaba en esa situación.

En Europa sólo concedemos asilo a los ucranianos que huyen de su país y eso porque lo ordena la OTAN y los Estados Unidos, interesados en sus batallas políticas y territoriales. Pero basta que uno sea guatemalteco, haitiano o zambiano para tener que esperar una eternidad a que lo tengan en cuenta o lo repatríen sin darle la oportunidad de salvarse de las persecuciones en su país.

Tenemos el paraguas de Estrasburgo para defender a los que huyen de la guerra y de la miseria, pero no estaría de más que España llevara al Parlamento una Ley de Asilo que pusiera en valor la supuesta y tradicional hospitalidad española y que fuera lo suficientemente generosa y rápida como para que quien la solicitara no se pudriera en las calles, haciendo colas innecesarias o durmiendo en los bancos de cualquier parque. Los progresistas deberían echar el resto, porque ya sabemos que PP y Vox no están por la labor.

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