El momento histórico que estamos viviendo exige algo más que poner el grito en el cielo ante cada episodio violento que tiene lugar en nuestro planeta y la reacción catastrófica que desencadena.
Tras la mayor ofensiva militar israelí de los últimos 20 años en la Cisjordania ocupada, que ha incrementado la crueldad en un año de salvajismo y atropellos a los derechos humanos del pueblo palestino, es tiempo de reflexionar sobre cuál es el objetivo final del gobierno de ultraderecha de Benjamin Netanyahu —el más reaccionario de la historia de Israel— y su principal colaborador, los Estados Unidos.
Estados Unidos tiene la responsabilidad de impulsar un cambio real en el deterioro de los “hechos sobre el terreno”; un término implantado en la década de 1970 para vilipendiar a quien se opusiera al rápido crecimiento de los asentamientos israelíes en la Franja de Gaza y Cisjordania.
De manera continuada y con la aprobación de distintas administraciones, Estados Unidos destina cada año partidas presupuestarias millonarias a subvencionar los desmanes del Estado de Israel. En el proyecto de ley sobre el techo de deuda de diciembre de 2022, se asignaron cerca de 4 mil millones de dólares como parte de la ayuda militar anual a los israelíes.
El número de voces críticas que reclaman un cambio ha experimentado un crecimiento significativo. Sin embargo, el apoyo incondicional hacia el movimiento sionista continúa siendo mayoritario tanto en el bando republicano como en el demócrata, una defensa que se canaliza a través de la política exterior estadounidense y la línea editorial de los medios corporativos del país. Estas acciones proteccionistas son además respaldadas por un importante y agresivo grupo de presión israelí encabezado por el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC), que ejerce su influencia tanto en el Congreso como en la Casa Blanca.
El pasado 3 de julio, Israel lanzó una operación militar sin precedentes en la ciudad de Jenín, ubicada en el norte de Cisjordania. El Ejército israelí efectuó ataques aéreos y terrestres, desplegando en la zona un contingente formado por más de mil soldados. El saldo final de la acometida fue de 12 palestinos y un soldado israelí muertos y más de 100 civiles heridos, además de la destrucción total de un campo de refugiados y barrios circundantes.
Según el Centro Palestino para los Derechos Humanos, los bombardeos y el resto de actividad militar provocaron la interrupción total del suministro de energía en los vecindarios del campamento, además de cortar el suministro de agua y otros servicios básicos. Esta situación ha agravado la crisis humanitaria aislado aún más al campamento del mundo exterior.
La oenegé Médicos Sin Fronteras denunció en una nota de prensa que la acción de excavadoras militares que destruyeron varias carreteras impidió el acceso de las ambulancias. Fue por eso por lo que los paramédicos palestinos se vieron forzados a desplazarse a pie para llegar a quienes requerían un tratamiento urgente en un área donde había tiroteos activos y ataques con aviones no tripulados.
Jovana Arsenijevic, coordinadora de operaciones de MSF en Jenín, informó que las fuerzas israelíes dispararon gases lacrimógenos en repetidas ocasiones dentro del hospital Khalil Suleiman. Esto tuvo como consecuencia que la sala de emergencias quedara fuera de servicio completamente inundada de humo, al igual que el resto del hospital. Como resultado, se vio seriamente comprometido el acceso a la atención médica de urgencia para aquellas personas que la necesitaban.
El Gobierno israelí justificó el ataque a Yenín argumentando la presencia de insurgentes palestinos armados en la zona. Por su parte, el principal partidario sionista respondió con una declaración predecible de la Casa Blanca en la que el Ejecutivo de Joe Biden expresaba su total apoyo a la seguridad y al derecho de Israel de defender a su pueblo contra grupos terroristas como Hamás, la Yihad Islámica Palestina y otros.
Un apéndice del Departamento de Estado que destaca la importancia de tomar todas las precauciones necesarias para evitar la pérdida de vidas civiles no logró concienciar en lo más mínimo al insensibilizado gobierno del primer ministro Bibi. Mairav Zonszein, de la oenegé International Crisis Group, comentó que debido a la falta de una condena firme hacia operaciones como la de Jenín se está legitimando desde la pasividad a los israelíes para llevar a cabo este tipo de atrocidades.
Cualquier tortura o asesinato de civiles merece una condena internacional. Con el paso de los años, la ocupación de Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este ha adquirido un carácter más represivo, racista y antipalestino, lo que ha acelerado las intervenciones militares y las restricciones policiales, políticas y legales. En este contexto, no debería sorprender a nadie que la resistencia armada surja como respuesta. La sublevación contra la segregación racial en Sudáfrica y Namibia, que se mantuvo desde 1948 hasta 1992, también fue una expresión de la lucha por la libertad y la justicia.
Recientemente, Niha Masih y Miriam Berger publicaron un artículo en el Washington Post en el que manifestaban que los activistas, los colonos y los grupos judíos supremacistas, que antes eran considerados irrelevantes, poco a poco han adquirido un papel notorio en el Gobierno de Netanyahu. Estos grupos ahora están involucrados en la supervisión de la vigilancia y la implementación de políticas relacionadas con los palestinos y Cisjordania.
La respetada diputada, activista y profesora palestina Hanan Ashrawi tuiteó hace unos días sobre las redadas, afirmando que estas han provocado una unidad de campo entre los combatientes de la resistencia palestina y han aumentado la ira, el resentimiento y el deseo de venganza en diferentes generaciones de palestinos. Ashrawi también señaló que la escalada de las tácticas israelíes ha generado temores entre los palestinos sobre los objetivos finales de Netanyahu, revelando públicamente sus verdaderas intenciones de impedir cualquier forma de autodeterminación o soberanía palestina.
Aunque la postura oficial de Washington sigue siendo el respaldo a una solución de dos estados, el artículo de Hanan Ashrawi señala que las negociaciones entre ambas partes han estado estancadas durante años. Además, la expansión de los asentamientos israelíes y el aumento de la influencia de los colonos han hecho que cualquier forma de separación sea prácticamente imposible.
Se trata de una realidad incómoda para los que buscan y desean encontrar una solución justa y duradera al conflicto. Por ello, es esencial reconocer que esta es una contienda de décadas que requiere adoptar una serie de medidas más allá de la desesperación y la simple reacción ante la violencia.
En esta época enrevesada que nos oprime y confunde, es imprescindible plantear cuestiones fundamentales para abordar la crisis existencial que afecta a palestinos, israelíes y también a los estadounidenses. Para tal menester, se requiere un enfoque reflexivo y la disposición de todas las partes involucradas para explorar nuevas perspectivas, soluciones creativas y buscar una justicia social duradera. Es vital superar el ciclo de violencia y encontrar vías que permitan la coexistencia pacífica y la autodeterminación para todas las partes implicadas.
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