A simple vista, la búsqueda de un acuerdo de colaboración entre la iniciativa pública y la privada parece bastante razonable. Es de lógica que todos los sectores, independientemente de quién posea el capital mayoritario conciten sinergias para tratar de encontrar un objetivo común que mejore la percepción y los intereses de la ciudadanía, siempre atenta a las realidades de los mercados.

Antes, cuando uno empezaba a abrirse a la vida, el emprendedor era una persona o grupo industrial que arriesgaba su capital para conseguir un beneficio y que podría tener éxito o irse a la ruina si no disponía de los resortes necesarios para salir adelante. Por esta razón, el empresariado tenía muy buena fama entre la población porque, además de asumir riesgos, creaba riqueza y empleo, lo que significaba el progreso de la sociedad.

Los tiempos han cambiado, evidentemente, y hoy el capitalista arriesgado que luchaba por desarrollar su idea y colaborar con la sociedad y con el país en el que vive está muy desdibujado. El éxito del capitalismo moderno y el enriquecimiento rápido sin tener en cuenta otros valores han calado entre los que se dedican a crear riqueza, y el bum de los fondos de inversión que exigen ganancias rápidas y huidas a toda leche cuando el plan no sale como se había dispuesto, están a la orden del día.

Por supuesto que estoy a favor de la colaboración de las empresas públicas y la iniciativa privada, porque supone unificar recursos y personal para proyectos que favorecen al conjunto de la sociedad. Pero, y siempre hay un pero en todas las relaciones humanas, máxime si hay dinero de por medio, siempre y cuando el esfuerzo sea de las dos partes y no haya una enorme desigualdad entre los beneficios de unos y otros. Pondré algunos ejemplos de estos agujeros que condicionan el éxito de la colaboración.

Verbigracia, la interesante idea de que las universidades preparen a los alumnos para el trabajo en las empresas con una buena formación se ha alejado de los principios generales, cuando con ocasión de la aprobación del Estatuto del Becario, por el Ministerio de Universidad y Ciencia y que quedó decaído como consecuencia de la convocatoria electoral, ha experimentado un alud de críticas en ambientes empresariales, pero sobre todo en ámbitos universitarios, sólo porque planteaba que los becarios no fueran mano de obra barata, sino que tuvieran una remuneración digna y razonable. Al parecer, lo que pretenden algunos es que los que estudian para un oficio trabajen unos cuantos años gratis para que unos hagan caja y los otros prestigios y apoyos financieros.

Seguimos con los ejemplos de parasitismo de una iniciativa sobre la otra. La sanidad privada está concebida como un complemento de la sanidad pública, pero se ha convertido en un verdadero monstruo que fagocita los recursos públicos, sólo por intereses especulativos de determinados personajes. En septiembre de 2022 salía a la luz un informe sobre la gestión en la Comunidad de Madrid en el que se denunciaba que se habían desviado gastos de la inversión privada hacia la pública de en torno a ocho millones de euros. El caso más llamativo era el de las mamografías que por decreto de la Consejería de Sanidad madrileña se encaminaban hacia hospitales privados con un coste de 20 euros por mamografía. El escándalo no llegó a los tribunales por razones difíciles de argumentar, pero se trata de un claro caso de malversación de fondos públicos. Circulan por los medios de comunicación y por las redes sociales historias de enfermos de clínicas privadas que son desviados a la pública cuando la operación es difícil o tiene un enorme coste. Y eso que en su seguro sanitario se refleja claramente que serán intervenidos en esos centros privados.

Y no digamos nada del asunto de la enseñanza, donde las escuelas concertadas, la mayoría de ellas católicas, se aprovechan del eslogan de que tu hijo escoja dónde quiere estudiar, que se lo pagamos todos, para perpetrar auténticas golferías contra padres y escolares, siempre con el dinero público como objetivo común, sin arriesgar un duro y con el agravante de adoctrinamiento con los profesores que quieren y no con los que han aprobado una oposición. Son algunos de los agujeros existentes, pero seguro, absolutamente seguro, que puedo contar más casos.

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