La Fiscalía de Menores de Asturias ha archivado la investigación por la muerte de Claudia González Álvarez, la joven de 20 años que se quitó la vida a finales del pasado mes de abril por el acoso sufrido en el colegio católico de La Asunción de Gijón.
Como ya sabéis, durante el mes de mayo muchos periodistas me preguntaron por los malos tratos que yo mismo sufrí en ese centro educativo. Una de las preguntas “extraoficiales” fue: ¿Qué crees que va a pasar? Mi respuesta: Nada.
En Onda Cero dije, directamente, que Jorge Fernández Caldevilla, el fiscal delegado de la sección de Menores de Asturias, esperaría al verano para archivar el caso. De esa manera, y aprovechando las vacaciones, sabía que no habría una respuesta pública a semejante barbaridad.
La Asunción de Gijón es un colegio concertado de titularidad privada —dirigido por la Congregación de las Religiosas de la Asunción— en el que se consiente el acoso y el abuso. Un centro por donde han pasado pederastas y asesinos, de los que hablaré en otro momento. Hoy quiero llamar la atención sobre Jorge Fernández Caldevilla. Porque él es el máximo responsable de la impunidad de los maltratadores escolares.
La Fiscalía de Menores de Asturias archivó en cinco años más del 95% de las denuncias que le llegaron. Entre 2012 y 2017 recibió 170 denuncias por acoso en las aulas. Tramitó sólo siete. Pero tramitar una denuncia no significa declarar culpable a nadie: sólo significa que se investigan los hechos denunciados. Fernández Caldevilla no llega ni a eso. Cierra por sistema el 95% de los casos sin tan siquiera tramitar diligencias previas.
En el suicidio por acoso escolar de Carla Díaz Magnien en abril de 2013 el fiscal tuvo que dar marcha atrás después de que la familia de la niña de 14 años, asistida por abogados reputados, realizara por sus propios medios la investigación que Fernández Caldevilla negó. Así la familia, a pesar de la ineptitud del fiscal, logró que las acosadoras de su hija fuesen condenadas.
Los centenares de familias de Asturias que sufren acoso escolar y no tienen recursos para contratar a letrados de renombre tienen que ver cómo sus hijos son vejados con total impunidad. Por culpa de los colegios que lo permiten y de la Fiscalía de Menores que lo consiente.
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