Sin acritud, pero tampoco sin ningún complejo, me gustaría preguntar a nuestros queridos jueces, dueños de nuestras vidas, nuestras haciendas y nuestras ganas de vivir, cuáles son las razones para que, independientemente de las sentencias dictadas, se decida si unos u otros condenados deben ingresar en prisión.
Lo digo porque nuestros sabuesos andan como locos buscando al que fuera director general del Centro Internacional Niemeyer, Natalio Grueso, que tras ser condenado por la Audiencia Provincial de Asturias a ocho años de cárcel por un delito continuado de malversación de caudales públicos en la gestión del referido centro cultural ha visto denegado su ruego de aplazamiento de ingreso en prisión.
Mientras tanto, la Audiencia Nacional ha aceptado que el patriótico excomisario del Cuerpo Nacional de Policía José Manuel Villarejo, condenado a 19 años de prisión por delitos de revelación y descubrimiento de secretos y falsedad documental, siga en libertad, a pesar de que su situación fuera de la trena genera una enorme alarma social entre las personas de ley y orden, como según parece son los señores magistrados.
No critico las penas decretadas en los fallos judiciales, ni mucho menos, pero no puedo evitar tener la mosca detrás de la oreja porque uno, que ha sido acusado y probado que es un corrupto, tiene que entrar en la cárcel irremediablemente para cumplir ocho años de internamiento, mientras que otro, que tiene cientos de informes sobre ilegalidades de media España y ha llegado a chantajear hasta al rey emérito, le dejan un tiempo de relax antes de cumplir sus 19 años entre rejas. Si alguien de buena voluntad y que no esté contaminado por razones ideológicas me lo explica, se lo agradeceré cordialmente.
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