Lo más asqueroso de la campaña contra el Ministerio de Igualdad que han puesto en marcha los elementos judiciales más reaccionarios a costa de la ley del “sólo sí es sí” es que ahora, cuando los jueces eluden su deber y dejan en libertad a los agresores sexuales más peligrosos, las escorias mediáticas de este país imputan el hecho de que estas alimañas vuelvan a reincidir, como parecía evidente, a Irene Montero, a quien culpan de que estén en la calle.

La cabra siempre tira al monte, como dicen los que conocen los hábitos de estos rumiantes, y si a los abusadores de mujeres no se les somete a una cura terapéutica, estos seguirán perpetrando sus actos más perversos porque no tienen conciencia de su comportamiento criminal, porque en aras de un interés político surrealista, son exonerados en gran parte de su condena y puestos en libertad cuanto antes para culpar a “esa lacra del feminismo” de que estén en libertad, en vez de tras las rejas.

Los delitos contra las mujeres nunca han sido —hasta ahora, desafortunadamente— objeto de atención específica por parte de determinados poderes públicos, entre ellos la judicatura, porque entendían que se trataba de la desesperación de un hombre que víctima de un calentón de la ostia se tenía que aliviar con la primera hembra que se pusiera a tiro. En mejores palabras y con un lenguaje más pulcro aparece en determinada literatura jurídica, pero cuyos resultados son los mismos que los de mi prosa vulgar. Salvo que no fuera la señora madre o la hija preferida de un importante togado, los delitos sexuales nunca tuvieron excesiva repercusión.

El movimiento feminista ha tenido tres hitos para reivindicarse y todos ellos han sido una burla a los derechos de las mujeres: el asesinato de Ana Orantes, una granadina de 60 años que, el 4 de diciembre de 1997, verbalizó en un programa de Canal Sur Televisión el maltrato que sufría desde siempre por parte de su marido, quien trece días después la quemó viva; la primera y vergonzosa sentencia de La Manada, con aquella reflexión del juez en la que escribía, para su propio deshonor, que en la violación había apreciado jolgorio —por cierto, el citado magistrado que responde al nombre de Ricardo Javier González fue sancionado con una multa de 700 euros, pero no por su aberrante voto, sino por el retraso de año y medio en la sentencia— y por último, el “beso robado” del presidente de la RFEF Luis Rubiales a la campeona del mundo Jenni Hermoso. En los tres casos, el movimiento feminista ha experimentado un crecimiento excepcional en cuanto a respaldo y, sobre todo, en cuanto a indignación.

Pero el machismo más extravagante no se da por vencido. En su naturaleza impertérrita a los avances de las mujeres, porque si los hombres no dominan se acaba el imperio de la virilidad, el macho alfa actúa con una insensatez digna de mayor lástima y se inventa argumentos propios de los canallas más renombrados, para decir que toda la culpa es del feminismo y la lucha por la igualdad. Estos métodos semidelictivos que buscan denigrar a la sociedad —porque si denigran a una mujer, también lo hacen a muchos hombres comprometidos con el feminismo— tienen un claro interés político para preservar en el poder a los que han utilizado a las mujeres (también a sus madres y a sus hijas) como moneda de cambio para lograr sus intereses más bastardos.

Por eso es sumamente repugnante la argumentación de algunos sicarios del machismo irredento, que culpan a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de que un violador puesto en libertad injustamente haya causado un dolor añadido a otra mujer, porque la ley del “sólo sí es sí”, retorcida hasta la saciedad por los intérpretes del Estado de Derecho, permitió que se le redujera la condena. Pues bueno, teniendo en cuenta que los golpistas de julio de 1936 acusaron a los que defendían la legalidad republicana, de auxilio a la rebelión, el injusto y retorcido razonamiento tiene toda la coherencia posible.

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