La Fiscalía de Medio Ambiente ha presentado una denuncia contra Eugenia Martínez de Irujo por su presunta implicación en la extracción de agua de ocho pozos clandestinos en Doñana. Las autoridades judiciales han convocado a la duquesa de Montoro para que declare ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Sanlúcar la Mayor, en Sevilla, en relación con esta acusación.
La denuncia se dirige contra la empresa Eurotécnica Agraria, con sede en el Palacio de Liria, en la calle Princesa de Madrid, y su representante legal, Eugenia Martínez de Irujo, a quien se le acusa de un posible delito contra el medio ambiente por extracción ilegal de aguas, según lo establecido en el artículo 325 del Código Penal, así como de desobediencia, de acuerdo con el artículo 556 del citado código, sin perjuicio de una posterior y más completa disposición jurídica.
Los pozos ilegales, que supuestamente han estado en funcionamiento durante al menos una década, habrían causado daños significativos a un acuífero subterráneo en una finca de naranjos de 200 hectáreas en el municipio de Aznalcázar, junto a Doñana: un territorio con una gran relevancia ecológica y patrimonial. Esta situación llevó a la intervención del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), que acudió a la finca para detener las extracciones no autorizadas de agua.
Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha previsto el cierre de más de 400 pozos ilegales hasta finales de año como parte de un esfuerzo por proteger los recursos hídricos en la región. Esta acción se tomó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en 2021 determinó que España no había cumplido adecuadamente sus responsabilidades para proteger el Parque Nacional de Doñana, declarado en 1994 Patrimonio Mundial de la UNESCO al ser considerado uno de los espacios naturales más importantes de Europa por su biodiversidad y la presencia de especies en peligro de extinción.
El caso está siendo investigado en detalle por la Fiscalía, que está elaborando un informe detallado sobre la cantidad de agua extraída ilegalmente durante los últimos diez años y los posibles daños causados al acuífero y al medio ambiente en general. Los pozos ilegales han sido precintados de forma cautelar, y se ha solicitado una fianza para garantizar la responsabilidad civil de la terrateniente inculpada.
Es importante tener en cuenta que este caso está en proceso y se esperan más noticias a medida que avance la investigación.
En medio de este panorama desolador, Doñana enfrenta una disminución alarmante de su masa de agua; su acuífero ha descendido tres metros de media desde que se tomaron las primeras muestras en 1973 hasta 2020. Las Marismas, una de las zonas húmedas más importantes del mundo, han experimentado un descenso significativo de 7.3 metros en el nivel del agua. Este creciente peligro no sólo destruye la diversidad biológica del parque, también asfixia la actividad económica que depende del acuífero. Las organizaciones ecologistas advierten que el futuro de la vida silvestre y la flora de Doñana está en grave riesgo.
Mientras la justicia investiga minuciosamente las acusaciones de extracción ilegal de agua en esta área de vital importancia ecológica, estaremos atentos a los eventos y desarrollos que surjan en este caso.
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