El horror de los abusos sexuales a menores por parte de la Iglesia católica es un cáncer que se propaga por todo el planeta. En el Estado de Illinois, alrededor de 2.000 menores fueron víctimas de más de 450 religiosos entre 1950 y 2010. Este execrable proceder fue tolerado y encubierto por los líderes eclesiásticos, revelando un patrón alarmante similar al escándalo en la diócesis de Boston, que sacudió al mundo en 2002. Finalmente, la institución evitó la bancarrota a través de un acuerdo que implicó la venta de tierras y edificios por más de 100 millones de euros para financiar acuerdos judiciales con más de 500 víctimas de pederastia. A pesar de los esfuerzos posteriores del Vaticano, estas atrocidades han dejado cicatrices indelebles en las vidas de los abusados, exigiendo una reforma radical y transparente en la Iglesia a nivel global.

En España, el informe “Una respuesta necesaria” presentado en el Congreso por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha expuesto la barbaridad de los abusos sexuales a menores en el entorno de la Iglesia católica. Este documento de 777 páginas no sólo confirma años de abusos encubiertos, sino que también subraya la urgente necesidad de rendición de cuentas y administración de justicia para todos los afectados. Una encuesta revela que aproximadamente el 11.7% de los españoles sufrieron abusos sexuales en su infancia, con un 1.13% reportando que estos abusos ocurrieron en contextos religiosos. Estas cifras, aunque desgarradoras, son cruciales para comprender la magnitud de la crisis oculta tras décadas de silencio.

Por otro lado, lo más significativo es la paradoja que rodea a Ángel Gabilondo, el líder de la comisión de investigación. Su pasado como miembro de la congregación de los Hermanos del Sagrado Corazón plantea interrogantes incómodos sobre su capacidad para encabezar esta misión de forma objetiva. A pesar de su valentía al presentar este informe, muchos dudan de su imparcialidad. Manuel Barbero, padre del primer denunciante en el caso Maristas, ha expresado su preocupación sobre la capacidad de Gabilondo para llevar a cabo una investigación ecuánime. La falta de claridad sobre su conocimiento acerca de los abusos en los colegios donde trabajó genera escepticismo sobre la integridad del proceso.

La elección del político socialista plantea un problema de independencia, según Miguel Hurtado del grupo activista End Clergy Abuse (ECA). La falta de transparencia en la colaboración de la Iglesia con la investigación agrava aún más la situación, mostrando una falta de voluntad para abordar estos crímenes y apoyar a las víctimas.

El dosier que el Defensor del Pueblo ha sacado a la luz desvela la magnitud del problema y la necesidad apremiante de un cambio radical en la actitud de la Iglesia y la sociedad. Sólo a través de la verdad, la justicia y la asistencia continua a los damnificados se podrán sanar las profundas heridas causadas por décadas de silencio y encubrimiento. Ahora, más que nunca, es responsabilidad de todos asegurar que se haga justicia. La verdad ha sido expuesta; es hora de actuar.

Los crueles abusos cometidos por miembros de la Iglesia católica han marcado la vida de innumerables víctimas en todo el mundo, desde Illinois hasta España y más allá. La realidad planteada a través de acciones como la llevada a cabo por el equipo de Ángel Gabilondo en España y los oscuros episodios desvelados en lugares como la diócesis de Boston alumbran la necesidad impostergable de rendición de cuentas de forma transparente. La verdad ya es conocida por todos, ahora es nuestro deber asegurar que ésta sea difundida y que el camino hacia la sanación y la justicia esté de una vez y por todas despejado.

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