Preservar la naturaleza es preservar la vida

9 de enero de 2024
Juanma Moreno y Teresa Ribera, en la firma del acuerdo por Doñana. Fotografía: Francisco J. Olmo.
Juanma Moreno y Teresa Ribera, en la firma del acuerdo por Doñana. Fotografía: Francisco J. Olmo.

Menos mal que, en el último momento, la Junta de Andalucía y el Gobierno central llegaron a un acuerdo sobre Doñana, porque de lo contrario, a estas horas, estaríamos hablando de una multa millonaria que tendrían que pagar todos los españoles por la irresponsabilidad del Ejecutivo popular de Juanma Moreno, que pretendía derivar el agua del parque nacional hacia los campos de golf y los enclaves turísticos de sus amigos y usarla hasta para mitigar las resacas de los asistentes a las bacanales de la Virgen del Rocío.

El asunto no es nuevo, porque la Unión Europea ya había advertido con posibles sanciones hace cuatro años, durante el primer gobierno andaluz del Partido Popular e incluso no se descartó que en la última etapa de la socialista Susana Díaz se hubieran cometido anomalías en la gestión de Doñana, pero los continuos llamamientos de Bruselas para detener la sangría de la mayor reserva ecológica de Europa fueron desoídos de modo sistemático por Moreno Bonilla y su clan.

Lejos de tratar de atemperar sus ambiciones destructivas, la Junta de Andalucía puso en marcha una ley para activar regadíos que suponía una seria amenaza medioambiental para este espacio natural protegido y que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994. Y la insensatez enervó aún más a las autoridades comunitarias, que aceleraron su petición de sanciones sin que el presidente andaluz las tomara en consideración, a pesar de las fuertes protestas de grupos ecologistas y de expertos en materia medioambiental como el biólogo Miguel Delibes de Castro.

Estaríamos abocados a una sanción ejemplar que no tendría que abonar Andalucía, sino toda España, porque la UE no entiende de autonomías, sino de países… Afortunadamente, el ministerio que preside Teresa Ribera tomó cartas en el asunto indicando a la administración regional de los populares cuál era el camino si no querían que se les aplicara un severo correctivo. Juanma Moreno se vio obligado a paralizar los trámites de la ley arboricida y hoy parece que las aguas han vuelto a su cauce.

Los negocios no siempre son oportunidades de crecimiento y de riqueza. Los hay que equivalen a muerte. Y el de Doñana estaba claro que era el último capítulo de una política de medio ambiente que desde hacía muchos años se desarrollaba en el sur de España y que los más espabilados pretendían perpetuar. Los regadíos indiscriminados que ambicionaba el Partido Popular significaban el final medioambiental de un paraje protegido por Europa por su riqueza ecológica; un lugar único donde la fauna y la flora conviven en armonía y que tanto valor patrimonial confiere a nuestro país.

Ahora, los amigos de los campos de golf y de los recursos turísticos ampulosos y excesivos tendrán que buscarse otro lugar que arrasar para llenar sus bolsillos, porque de la teta de Doñana no van a poder sacar ni una sola gota de leche más, ya que está suficientemente reglamentado cómo debe de ser la conservación de este modelo de parque nacional, orgullo de Andalucía y de España entera.

Así pues, esperamos que los especuladores no intenten perpetrar otra destrucción del paisaje similar y que cualquier conato de agresión contra Doñana sea rechazado en el acto por toda la ciudadanía, sin que sea necesario que desde Europa nos amenacen con una sanción que pondría colorados a los ciudadanos de buena voluntad que todavía creen que preservar la naturaleza es preservar la vida.

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