Según una investigación del diario británico The Guardian, en el noroeste de Inglaterra, los activos de miles de personas fallecidas han contribuido encubiertamente al incremento del imperio inmobiliario de Carlos III del Reino Unido mediante una práctica arcaica conocida como bona vacantia. Esta costumbre implica la recaudación en favor del rey de las posesiones de quienes mueren sin testamento o herederos.
El ducado de Lancaster, un controvertido conglomerado de tierras y propiedades que genera enormes ganancias para el monarca inglés, ha recaudado decenas de millones de libras en los últimos años bajo esta praxis, que se remonta a la época feudal. Según un portavoz del ducado, una vez deducidos los costes, el rendimiento de las posesiones sin dueño se destina a organizaciones benéficas. Sin embargo, sólo un pequeño porcentaje de estos ingresos llega realmente a la beneficencia. Documentos internos del ducado de Lancaster revelan cómo los fondos se utilizan en secreto para financiar la renovación de inmuebles que pertenecen al monarca y se alquilan con fines lucrativos.
Desde 2014, se han recaudado más de 60 millones de libras bajo este método. Tras la muerte de su madre, Carlos III aprobó continuar destinando los fondos de las posesiones sin dueño a la restauración y reparación de edificios clasificados, con el objetivo de protegerlos y conservarlos para su línea dinástica. En un documento del ducado con fecha de 2020, se autorizaba a los gestores del patrimonio real a emplear los fondos de las posesiones sin dueño en una amplio catálogo de mejoras destinadas a su cartera de inversiones con afán por incrementar beneficios.
De esta manera, el desvío de recursos procedente de activos no reclamados ha resultado ser una bendición financiera para el patrimonio del primogénito de Isabel II. Este vestigio feudal ayuda a rentabilizar las propiedades en alquiler, lo que beneficia indirectamente al monarca, quien percibe cada año decenas de millones en ganancias del ducado, ingresos que el Palacio de Buckingham considera privados. A principios de 2024, en su primer pago anual desde que heredó el trono del Reino Unido, el soberano inglés recibió 26 millones de libras del ducado de Lancaster.
Tres fuentes con acceso a las cuentas del ducado confirmaron que los gestores del patrimonio destinaban ingresos recaudados de los finados a la renovación de la cartera inmobiliaria de su majestad, lo que representaba un ahorro considerable para la Casa real británica. The Guardian identificó el nombre de docenas de personas cuyo dinero fue transferido al patrimonio hereditario de Carlos III tras su fallecimiento en el noroeste del país, en lugares como Preston, Manchester, Burnley, Blackburn, Liverpool, Ulverston y Oldham.
Algunos conocidos de los difuntos se mostraron horrorizados al enterarse de que sus bienes se estaban utilizando para renovar las propiedades del monarca, y calificaron la práctica de repugnante, chocante y carente de ética.
En la mayor parte de Inglaterra y Gales, los bienes de las personas que fallecen sin parientes conocidos ni testamento hecho son transferidos al Tesoro, que luego los destina a servicios públicos. Sin embargo, hay dos dominios hereditarios de la familia real inglesa que, debido a una imposición medieval, pueden quedarse con los bienes de los fallecidos en dos regiones del reino, así como con los bienes sobrantes de empresas en el momento de su disolución.
Uno de estos dominios es el ducado de Cornualles. Carlos III solía gestionar de cerca este ducado, que ingresa los fondos de las posesiones sin dueño de los residentes fallecidos sin testamento ni familiares conocidos y que en 2022 pasó a manos del príncipe Guillermo. El otro ducado es el de Lancaster. Ambos son auténticos imperios inmobiliarios gestionados por profesionales que administran tierras de labranza, hoteles, castillos, oficinas, almacenes, tiendas y propiedades urbanas, entre las que se incluyen algunos de los inmuebles más lujosos de Londres.
Ninguno de ellos está sujeto al pago del impuesto de sociedades o plusvalías, lo que les otorga una importante ventaja fiscal. Se han convertido en una gigantesca fuente de ingresos para la realeza, generando en los últimos 60 años el equivalente a más de 1.200 millones de libras.
En un mundo moderno y conectado, la persistencia de prácticas feudales plantea interrogantes sobre la equidad y la justicia en la distribución de la riqueza. Mientras la sociedad debería avanzar hacia una mayor transparencia y responsabilidad, es crucial cuestionar la relevancia y moralidad de sistemas que perpetúan desigualdades heredadas de épocas pasadas. La opacidad en el manejo de estos asuntos por parte de la monarquía y la falta de rendición de cuentas son indicativos de privilegios caducos que contradicen los valores democráticos y la igualdad ante la Ley.
El debate sobre el papel de la monarquía y su relación con el patrimonio público sigue abierto, pero queda claro que el escrutinio público es fundamental para garantizar la rendición de cuentas y el progreso hacia una sociedad más equitativa y justa para todos.
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