Ecuador enfrenta una crisis de seguridad que ha alcanzado niveles alarmantes desde que, el pasado 9 de enero, el neoliberal Daniel Noboa declarara oficialmente un estado de conflicto armado interno en el país. Este pronunciamiento presidencial desencadenó una respuesta sin precedentes por parte de las fuerzas de seguridad para combatir la delincuencia organizada, cuyo entramado alcanza todos los ámbitos de la sociedad ecuatoriana.

En apenas una década, desde 2008 hasta 2018, la tasa de criminalidad en Ecuador pasó de 18 a 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en la actualidad, esa cifra se ha disparado a 40, reflejando un panorama desolador de inseguridad y violencia que ha sumido a la población en un estado de temor constante.

Una de las principales causas de este inquietante aumento en la delincuencia radica en la llegada de miembros disidentes de las FARC a Ecuador después del acuerdo de paz con Colombia. En lugar de reintegrarse a la sociedad, estos individuos han encontrado refugio en las redes criminales locales, alimentando así la escalada de la violencia.

Otro factor que ha contribuido a esta situación es el debilitamiento de las instituciones encargadas de mantener el orden y la seguridad en el país. Desde 2021, los funcionarios de prisiones han sido desarmados, dejándolos vulnerables ante los grupos delictivos que controlan los centros penitenciarios ecuatorianos. Esta falta de respuesta por parte del Estado ha permitido que los criminales operen con total impunidad, incluso desde el interior de las prisiones, donde disfrutan de lujos como armas, alcohol y hasta una red wifi propia.

La pregunta que resuena en todo el país es: ¿Corrupción, permisividad o miedo? Si bien la corrupción ha permeado diversos niveles del gobierno y la sociedad ecuatoriana, es el miedo y la intimidación lo que realmente prevalecen en el trasfondo del problema. Los ciudadanos y las autoridades se enfrentan a amenazas constantes por parte de las bandas criminales, lo que dificulta cualquier intento de combatir la delincuencia de manera efectiva.

Ante esta situación, Daniel Noboa ha tomado medidas drásticas para restaurar el orden y la seguridad. El estado de excepción activado por el gobierno permite la intervención de las fuerzas armadas en cualquier momento y lugar para garantizar la seguridad pública, incluso suspendiendo derechos fundamentales como el de reunión. Además, se ha establecido un toque de queda nocturno en un intento por contener la violencia que ha cobrado la vida de decenas de personas y ha desencadenado motines en varias cárceles ecuatorianas.

Los cárteles que operan en Ecuador, principalmente narcotraficantes, han demostrado una audacia sin precedentes. Estas organizaciones, que han diversificado sus actividades más allá del tráfico de drogas, representan una amenaza no sólo para la seguridad interna del país, sino también para la estabilidad de toda la zona.

El presidente Noboa ha dejado claro que su gobierno no escatimará esfuerzos para enfrentar esta situación, incluso adoptando medidas criticadas por su carácter autoritario. Sin embargo, la magnitud del desafío que enfrenta Ecuador exige una respuesta contundente y coordinada que vaya más allá de las soluciones cortoplacistas.

En última instancia, la situación de violencia y narcotráfico refleja la complejidad del tráfico de drogas a nivel mundial. Abordar este asunto requerirá no sólo el compromiso del gobierno ecuatoriano, sino también la colaboración y el apoyo de la comunidad internacional en la lucha contra el crimen organizado en todas sus variantes.

En un contexto en el que Colombia mantiene conversaciones con las FARC, el negocio de la cocaína se ha vuelto más impredecible. Las FARC solían ser los principales actores en este negocio, pero ahora que han perdido poder, otras mafias están luchando por el control.

La propuesta del Gobierno de Daniel Noboa es inédita. Al declarar un conflicto armado interno, el presidente busca acogerse al derecho humanitario internacional, permitiendo a las fuerzas armadas una respuesta contundente. Esta medida, inspirada en la estrategia del gobernante salvadoreño Nayib Bukele, ha sido criticada por su autoritarismo, pero para Noboa es una respuesta necesaria ante la gravedad de la situación.

La violencia vinculada al tráfico de estupefacientes en Ecuador tiene múltiples dimensiones. Por un lado, está arraigada en la estructura social del país, donde la falta de oportunidades y la corrupción alimentan el problema. Por otro lado, el narcotráfico ha logrado entretejer una red internacional que trasciende las fronteras ecuatorianas, requiriendo una respuesta coordinada a nivel regional y global.

En esta encrucijada, las decisiones radicales del presidente y la implacable actividad del crimen organizado han dejado a la ciudadanía en la peor situación. Los dictámenes gubernamentales, aunque presentados como efectivos, plantean serios interrogantes sobre los derechos civiles, mientras que la violencia de los grupos delictivos sumerge al país en el caos. Es imperativo cuestionar estas acciones para proteger los intereses y la seguridad del pueblo ecuatoriano.

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