Cómo matar al mensajero y silenciar la verdad

El periodista español, Pablo González Yagüe, sufre ya dos años de prisión preventiva injusta en Polonia. La falta de atención del Gobierno español y los medios de comunicación es indignante e inaceptable

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El periodista Pablo González Yagüe en Nagorno Karabaj en 2020. Fotografía cortesía de Oihana Goiriena.

El periodista independiente español, Pablo González Yagüe, cumple ya dos años en prisión preventiva desde que fuera detenido en la noche del 28 de febrero de 2022 en la ciudad polaca de Przemyśl por oficiales de inteligencia de ese país, mientras cubría la crisis de los refugiados ucranianos. En este tiempo, su situación ha sido objeto de denuncias por parte de periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos, quienes señalan el absoluto abandono por parte del Gobierno español y el silencio cómplice de gran parte del gremio periodístico.

El 15 de febrero, el Tribunal Principal de Lublin prorrogó por octava vez la prisión provisional del reportero otros tres meses más, una decisión sostenida bajo la infundada acusación inicial de ser un espía ruso. Según el artículo 130.1 del Código Penal polaco, el delito de espionaje está castigado con hasta 10 años de prisión. Sin embargo, desde febrero de 2022 no ha trascendido prueba o indicio alguno en contra de Pablo González que refute tal acusación.

Para exponer la situación de reclusión en régimen de aislamiento en condiciones insalubres y la vulneración de sus derechos, los grupos de apoyo en Madrid, Barcelona y País Vasco, y la asociación #FreePabloGonzález han distribuido un vídeo con la participación de varias personalidades, entre ellas diversos periodistas, actores, juristas, cantantes o escritores, donde se exige el respeto de su presunción de inocencia y que sin más demora sea juzgado con todas las garantías.

En los dos años transcurridos, los tribunales no han dado cuenta de hechos que puedan respaldar los señalamientos en su contra. La defensa de Pablo González sigue sin tener acceso al sumario y tampoco se le han trasladado las posibles actuaciones. El pasado 21 de febrero, su abogado español, Gonzalo Boyé, informó a través de la red social X que las diligencias de investigación, que deberían haberse llevado a cabo en 2022, apenas habían comenzando.

El caso de Pablo González suscita el silencio a nivel europeo y en España, donde las declaraciones en torno a su situación se suceden a cuentagotas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de José Manuel Albares se limita a afirmar que su detención y condiciones de encarcelamiento se ajustan a la legalidad y que todos sus derechos están siendo respetados. Sin embargo, diversas organizaciones y voces críticas denuncian la falta de atención y acción por parte de las autoridades españolas.

La actitud despreciable de José Manuel Albares, junto con el silencio del presidente Pedro Sánchez y de la Unión Europea, plantean serias dudas sobre el respeto a las garantías recogidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como a la libertad de expresión, un derecho fundamental consagrado en el artículo 19 de dicha Declaración Universal.

La indiferencia del Gobierno español hacia la situación límite que vive Pablo no es un hecho puntual. Es importante recordar que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha condenado en dos ocasiones a nuestro país por violar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En una de ellas, el comité reconoció los derechos de dos británicos a quienes el sistema judicial español trató de manera irregular.

El Grupo de Apoyo a Pablo González en Madrid denuncia que Exteriores no ha hecho nada para que el periodista pueda comunicarse con sus hijos y mejorar la precariedad de las condiciones de su reclusión. Además, la situación de González en prisión ha sido objeto de críticas por parte de diversas personalidades y activistas, quienes han denunciado el trato degradante que está recibiendo.

En Polonia, hay personas que pasan más tiempo del debido en la cárcel sin que se tengan en cuenta sus derechos esenciales, incluida la presunción de inocencia, como indicó Przemysław Rosati, presidente del Consejo de la Abogacía Polaca, en una entrevista al periódico The Financial Times. Parece ser que no hay límite al encrca prisión provisional en Polonia, con casos como el de una persona que llegó a estar ocho años en prisión provisional.

Por otro lado, el agravio comparativo con otros procesos judiciales, como el del hijo del actor Rodolfo Sancho, Daniel Sancho, encarcelado en Tailandia por el asesinato premeditado y ocultación del cuerpo de Edwin Arrieta, evidencia la falta de coherencia en la actuación del Gobierno español y sus instituciones. Mientras que en el caso de Sancho se ha brindado apoyo mediático y diplomático, el caso de Pablo González ha sido ignorado en gran medida por las autoridades españolas.

En España, la falta de interés por el futuro de Pablo González se refleja en el total desentendimiento de sus compañeros periodistas y de los medios de comunicación en general. Mientras la situación del periodista español en Polonia debería ser objeto de una cobertura extensa y un debate constante sobre la libertad de prensa y los derechos humanos, apenas se han dedicado recursos para abordar esta injusticia.

La ausencia de solidaridad y acción por parte del gremio periodístico contrasta de manera flagrante con otros casos similares que han recibido mayor atención mediática y apoyo. Por ejemplo, en Francia, los periodistas han mostrado una solidaridad notable ante situaciones de arbitrariedad, como lo confirma una huelga de 24 horas convocada en el pasado por la detención provisional de una compañera que investigaba casos de corrupción.

La situación de Pablo González, al igual que la de Julian Assange, evidencia la influencia que Estados Unidos y la OTAN ejercen sobre las políticas de la mayoría de los países, manipulando a su conveniencia el curso de los acontecimientos geopolíticos. Esta situación no sólo pone en entredicho la Justicia y los Derechos humanos, sino que cuestiona la independencia y soberanía de las naciones afectadas. Es importante recordar que, a pesar de la imagen que Estados Unidos proyecta al mundo como país defensor de la libertad, la realidad muestra cómo persigue a periodistas y activistas que no se alinean con sus intereses. Este patrón de conducta suscita profundas incertidumbres sobre la verdadera naturaleza de su compromiso con la libertad de expresión y los derechos humanos a nivel global.

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