Operación António Costa: lawfare en Portugal

La derecha portuguesa logró derribar a António Costa con acusaciones de corrupción, resaltando el lawfare judicial. Por ello, urge implementar reformas para proteger la democracia de futuros abusos de la justicia

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En la imagen, el exprimer ministro de Portugal, el socialista António Costa. Fotografía: Carlos Costa.

La derecha portuguesa ha tenido más suerte que la española con su operación de derribo al líder socialista António Costa, mediante la manipulación de una información sobre corrupción y un claro ejemplo de acoso judicial por parte del fiscal general Lucília Gago, que terminó en elecciones y con el triunfo de la conservadora Alianza Democrática de Luís Montenegro, aunque no logró obtener mayoría suficiente para gobernar. Sin embargo, es importante retroceder al inicio de esta historia.

El pasado otoño, una serie de informes periodísticos destacaban que António Costa estaba implicado en un caso de corrupción gubernamental, porque la Fiscalía le hacía responsable indirecto de varios delitos vinculados con el Ejecutivo que presidía, por lo que se formó un escándalo importante que concluyó con la dimisión del primer ministro portugués, que tenía la posibilidad de ser sustituido por otro miembro de su partido o convocar elecciones generales.

Finalmente, el pasado 10 de marzo se celebraron los comicios, y António Costa, que había dimitido, se encontró con que fue exonerado de todos los cargos, ya que lo que el fiscal había montado como una trama corrupta terminó disolviéndose como un azucarillo en el agua. Sin embargo, con el runrún mediático y el cuento del fiscal, la derecha ganó y los socialistas, que tenían mayoría absoluta, perdieron cuarenta diputados.

La operación contra António Costa, un claro ejemplo de acoso judicial, esta vez a cargo de la Fiscalía General, triunfó al igual que la operación Lava Jato en Brasil, que injustamente llevó a la cárcel a Lula da Silva y a Jair Bolsonaro a la presidencia de ese país sudamericano. Obviamente, Costa perdió su cargo, pero nadie ha dimitido, ni siquiera se sabe si el fiscal ha intentado ahogarse en el Tajo; a pesar de ello, entre otras lindezas, confundió el nombre del primer ministro con el de otro alto cargo de igual nombre y apellido.

Todavía está por ver si se producen nuevas elecciones, porque Luís Montenegro no tiene apoyos para formar gobierno, salvo que llegue a un acuerdo con los fascistas de Chega!, una especie de Vox, pero en Portugal, que quiere lo mismo que sus colegas españoles: volver a la época de Salazar y Caetano y seguir robando a espuertas como lo hicieron sus amados líderes. Alianza Democrática no parece estar muy dispuesta a gobernar con la ultraderecha, y hasta los socialistas se han brindado a darle su apoyo para que no lo haga, pero las cosas están poco claras.

La operación contra António Costa también intentó llevarse a cabo en España, con manipulaciones jurídicas, cagadas mediáticas y otra serie de elementos de eso que se llama lawfare, o sea, instrumentalización de la Justicia, pero la resistencia de Pedro Sánchez impidió que la trama llegara a buen término, y los votantes españoles pusieron a la derecha en todas sus vertientes en su lugar merecido.

El ejemplo portugués tiene que ser objeto exhaustivo de análisis por los expertos de nuestro país y, sobre todo, por los puretas de la magistratura, que niegan que en España exista la judicialización de la política y que los jueces de aquí son más independientes que el mismísimo Carles Puigdemont. Y, una vez estudiado el caso y realizadas las comparaciones pertinentes, poner en marcha medidas legislativas que impidan que determinados señores con toga se salten los límites de la democracia y se empeñen en aferrarse a sus puestos y cargos sin renovar mandato y sin tener el contrapoder que les obligue a ello.

Es hora, pues, de que, para evitar otra operación António Costa, España ponga en marcha medidas para reforzar el control sobre los jueces y hacer dimitir a los okupas del Consejo General del Poder Judicial. Y si para ello es necesario rebajar el límite de respaldo, que así sea, porque la derecha española ya no es creíble y sus excusas de mal pagador para no llegar a un acuerdo no sólo suponen una erosión a la democracia, sino también un insulto a los jueces honestos, que, aunque parezca mentira, también los hay. Y a ver si de una vez por todas llamamos al pan, pan, al vino, vino y al lawfare, prevaricación. Que para eso hay un estupendo diccionario.

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