Desconozco si es inevitable que se elijan como gobernadores del Banco de España a los personajes más neoconservadores y ultraliberales que pululan por el ámbito de la economía nacional, pero un servidor empieza a estar harto de que todos los que dirigen el chiringuito comulguen con las ruedas de molino de los sectores más retrógrados de nuestra sociedad.
El actual titular del banco central de España, Pablo Hernández de Cos, incluso deja en buen lugar a su antecesor Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien tuvo una merecida fama de valedor de los intereses más reaccionarios de la economía de libre mercado y jugó a potenciar los intereses de los grandes bancos durante la crisis de 2008.
Fue en ese período cuando se alteraron las normas contables para permitir a las instituciones financieras posponer el registro de la morosidad en sus balances. Esto evitó la quiebra en cadena de los bancos al priorizar soluciones privadas, aunque se recurriera a fondos públicos en última instancia. Entre 2008 y 2013, las entidades de crédito españolas realizaron saneamientos por cerca de 270.000 millones de euros, asumidos en su mayor parte por los accionistas, sin afectar a los depósitos de los clientes.
No contentos con su servicio incondicional a la gran banca, el equipo gestor de la institución supervisora del sistema bancario español ha decidido argumentar en favor de la eliminación del impuesto a la banca de manera demagógica, apelando a intereses gremiales difícilmente razonables. Y razonados.
Hernández de Cos es uno de los impulsores de esta medida en contra de la fiscalidad de las entidades especulativas. Hace menos de una semana, los rectores del Banco de España adoctrinaban a través de las páginas del diario ABC a los españolitos para que presionaran a las autoridades para derogar este impuesto, que nada gusta a los Botín y compañía.
Ya no se trata de elegir a profesionales de clase, en el sentido semántico del término, sino a economistas rigurosos que entiendan que el supervisor del sistema bancario de nuestro país no es un club exclusivo para los ricos, sino que debe representar a todos los contribuyentes, quienes tienen el mismo derecho que los poderosos a influir en la política económica española.
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