La reforma del Código Penal que introduce un nuevo delito para perseguir el acoso a mujeres en clínicas de aborto representa un avance significativo en la protección de los derechos reproductivos de la mujer en España. Propuesta por el PSOE, esta medida recibió luz verde en abril de 2022, tras meses de debates y negociaciones en un contexto de profunda polarización política y social en torno al derecho al aborto.

La enmienda contempla penas de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad para aquellos que hostiguen o coarten la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Este cambio, que también se aplica al personal sanitario y administrativo de las clínicas, fue resultado de acuerdos posteriores entre los grupos legislativos. Además, se establece que no es necesario que la persona agraviada presente una denuncia para que se persiga el delito, lo que permite proteger a las mujeres que enfrentan actos de intimidación en este contexto.

Durante el proceso legislativo, se tomaron como referencia leyes similares de otros países europeos, como Francia, Reino Unido y Alemania, que ya cuentan con medidas para proteger a las mujeres que acuden a clínicas de aborto del acoso y la intimidación por parte de grupos provida. Uno de los puntos clave de la reforma es el artículo 172 del Código Penal, que establece las sanciones para aquellos que intenten obstaculizar el derecho al aborto de una mujer mediante actos desagradables, insultantes, aterradores o forzosos que menoscaben su libertad.

Por otro lado, en el desarrollo normativo se tuvo en cuenta una encuesta realizada entre 2017 y 2018 por la Asociación de Clínicas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) a 300 mujeres de diferentes puntos del país que sufrieron este señalamiento. Según los resultados, el 89% de las encuestadas se sintió intimidada al intentar acceder a servicios de aborto, lo que pone de relieve la necesidad de abordar esta problemática y garantizar la protección de los derechos de la mujer en esta situación.

La aprobación de la reforma no estuvo exenta de controversias. A pesar de representar un avance en la defensa de los derechos reproductivos de la mujer, evidenció la persistencia de actitudes regresivas y de retroceso en materia de igualdad de género y derechos humanos. La presencia continua de grupos provida en las inmediaciones de las clínicas, así como el aumento de la violencia y el acoso hacia las mujeres que buscan acceder a servicios de aborto, subraya la urgencia de adoptar medidas adicionales para proteger y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.

En algunas ciudades y centros de interrupción voluntaria del embarazo en particular, como la Clínica Dator, en Madrid, la actividad pro derechos del no nacido ha sido especialmente persistente. Son muchos los sábados que a las puertas del mencionado centro una ambulancia puesta en marcha por Derecho a Vivir, una plataforma provida fundada por HazteOir, hace ecografías para intentar persuadir a las mujeres de no abortar. Además, la clínica, las mujeres que acuden y sus trabajadores encaran un nuevo frente: la apertura de una sede antielección justo en el local de enfrente para acoger y dar soporte a los grupos antiaborto.

A pesar de estas medidas legislativas y de los esfuerzos por proteger los derechos reproductivos de las mujeres, los grupos ultracatólicos continúan su actividad de intimidación en los centros de atención para la interrupción voluntaria del embarazo. Esta situación refleja una profunda fractura en la sociedad española, donde se entrelazan argumentos jurídicos, éticos y religiosos en un debate que sigue generando tensiones y polémicas. En última instancia, la protección y garantía de los derechos reproductivos de las mujeres debe ser una prioridad para cualquier sociedad que aspire a la igualdad y la justicia social.

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