Si cualquiera de los miembros del actual Gobierno de España, en especial su presidente, Pedro Sánchez, desoyera tres veces consecutivas la citación de un juez, la posibilidad de terminar compareciendo esposado ante su señoría sería altísima. No sólo eso, sino que, si persistiera en su negativa, podría acabar en la cárcel. Por tanto, me parece un comportamiento desmedido que el candidato opositor a la presidencia de Venezuela, Edmundo González Urrutia, no haya acudido al llamamiento de un magistrado de su país para explicar el asunto de las actas electorales que, según el propio interesado, le habrían dado la victoria el pasado 28 de julio, porque está claro que la justicia es igual para todos.
El líder de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) prefirió “tomar las de Villadiego” y exiliarse en España en vez de colaborar con la justicia venezolana. Esta huida es considerada por la derecha de nuestro país como la heroicidad de un perseguido por el bolivarianismo, mientras que la misma circunstancia protagonizada por el expresidente catalán Carles Puigdemont es calificada por esos mismos rancios individuos como la actitud de un prófugo cobarde.
La historia se remonta al domingo 28 de julio, fecha de las elecciones presidenciales en Venezuela. La oposición al Gobierno de Nicolás Maduro estaba plenamente confiada en su triunfo, asegurando que los datos que manejaban así lo indicaban, mientras que la candidatura oficialista parecía sucumbir de forma abrumadora. Sin embargo, esto no coincidía con las informaciones del Gobierno, que confirmaban que el presidente había obtenido el 52% de los votos. Este porcentaje venía avalado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
En cambio, los opositores, con la inestimable ayuda de la diplomacia estadounidense y de los países más desafectos al régimen chavista, afirman contar con documentos que certifican el triunfo de la oposición. Sin embargo, estos nunca fueron presentados oficialmente ni verificados por ningún organismo internacional; en cambio, se subieron a una página web, la cual todavía no puede considerarse fiable.
Finalmente, González Urrutia decidió viajar a España y montar su equipo opositor en el exilio, en vez de quedarse en Venezuela y tratar de convencer al mundo entero de su conquista política. Esto parece complicado, ya que, hasta la fecha, no se han anunciado las actas electorales en poder del Gobierno ni las de la oposición. Además, considerando el gran apoyo mediático de la derecha venezolana en muchos países, el hecho de que ningún gran medio de comunicación internacional las haya publicado hace sospechar que no existen o que no tienen credibilidad.
La espantada de González Urrutia fue recibida por Maduro con respeto y un “que le vaya bonito”, lo que no es extraño, porque como dice el refrán: “A enemigo que huye, puente de plata”. Y así un problema menos para la Administración venezolana, hasta el punto de que los estrategas europeos consideran que la huida de los opositores fue un error grave y estiman que habría sido más coherente que se hubieran quedado en Caracas para hacer valer sus supuestos derechos.
El candidato internacionalista, que tuvo una polémica carrera diplomática, eligió España a pesar de que sus partidarios tachan a este país de ser proclive a los regímenes autoritarios, y desechó Argentina, donde había sido embajador venezolano ante el Gobierno de Buenos Aires entre 1998 y 2002. Además, de su pasado en El Salvador, varias fuentes lo vinculan con los Escuadrones de la Muerte de Roberto d’Aubuisson, responsables del asesinato de varios sacerdotes jesuitas que se oponían a la dictadura en aquellos años.
Tanto Europa como Estados Unidos parecen reticentes a reconocer a González Urrutia como máxima autoridad de Venezuela para evitar repetir la pifia que cometieron al impulsar a Juan Guaidó, quien les salió rana y ahora está en Miami forrándose a troche y moche sin explicar qué hizo con el dinero que birló cuando se autoproclamó presidente. En cambio, la derecha española, tan apresurada como histérica, no dude en sumar sus votos a la derecha vasca para que el Congreso reclamara la presidencia venezolana para su aliado, sin más certezas que sus propias opiniones.
No es la primera vez que un ultraderechista que pierde las elecciones no reconoce la derrota y exige ser entronizado; véanse los ejemplos de Trump, Bolsonaro o Keiko Fujimori. Así que el caso de González Urrutia no parece novedoso. Yo qué queréis que os diga. Si no hay pruebas de fraude —y no parece que las haya— lo lógico es aceptar que Maduro sea el presidente legítimo de Venezuela.
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