El caso de Nacho Cano ha suscitado una notable atención mediática debido a las serias acusaciones que enfrenta, que incluyen presuntos delitos relacionados con la contratación fraudulenta de artistas y la gestión irregular de la migración. No obstante, y hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal, el productor del musical “Malinche” debe ser considerado inocente.

El 9 de julio de 2024, el exmiembro de la banda de pop Mecano fue arrestado en Madrid tras recibir varias denuncias por presuntos delitos contra los derechos laborales y los derechos de los ciudadanos extranjeros. Su detención fue breve y se le concedió una rápida libertad provisional, lo que suscitó debate, dado que otros acusados de delitos similares o menores suelen ser retenidos en la comisaria durante más tiempo.

Las investigaciones han revelado que el músico madrileño facilitó la entrada de 18 jóvenes mexicanos en España bajo el pretexto de un viaje turístico, con la promesa de regularizar su estatus como estudiantes. Esta estrategia se alega que tenía el propósito de evadir las normativas laborales y de inmigración. Aunque estas acciones están bajo revisión, el resultado final del caso aún está por determinar. La cuestión central es si estos hechos violan el artículo 311 del Código Penal, que sanciona la facilitación de la inmigración irregular, o el artículo 313, que se refiere a delitos contra los derechos laborales, incluyendo la imposición de condiciones laborales perjudiciales y la contratación de trabajadores sin la debida autorización.

Con el paso de los días, el caso ha ganado notoriedad mediática después de que el propio investigado, en una rueda de prensa el 10 de septiembre, hiciera una serie de declaraciones que parecen reflejar una visión conspiranoica por su parte. En dicha comparecencia, el artista afirmó: «Aquí no hay nada que ocultar, es todo absolutamente transparente. La policía son unos criminales por hacer esto. Vamos a ir a por ellos. Si me encuentran muerto en una cuneta, ya saben quién ha sido». Además, extendió sus acusaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a Alberto Carba, jefe de la comisaría del distrito Centro de Madrid, sugiriendo que estaba supeditado a Marlaska y actuaba en su contra por una presunta agenda política.

Desde el inicio, Nacho Cano ha sostenido que todo el asunto era una burda persecución política, en el contexto de su relación con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Su amistad con la política del Partido Popular comenzó en diciembre de 2020, cuando el autor de “Un Año Más” interpretó este clásico, minutos antes de las campanadas de fin de año, en una Puerta del Sol vacía debido a la pandemia de COVID-19. En mayo de 2021, recibió la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo de manos de la propia Díaz Ayuso, y en el verano de 2021, la presidenta popular pasó parte de sus vacaciones en la finca que el menor de los hermanos Cano tiene en Ibiza. El compositor siempre ha manifestado públicamente su admiración por Ayuso, comparándola con Isabel la Católica durante una función de “Malinche”.

En noviembre de 2023, Díaz Ayuso respondió a las acusaciones de corrupción vinculadas a su familia increpando a Pedro Sánchez con el insulto “hijo de puta” mientras asistía al debate para la investidura del líder socialista como presidente del Gobierno en el Congreso, un exabrupto que su equipo justificó como un malentendido. Este incidente añade una dimensión adicional a la percepción de que el caso podría estar condicionado por motivos políticos.

La utilización de este incidente por parte de la derecha española para arremeter contra Sánchez ilustra cómo los conflictos de alto perfil pueden ser aprovechados para avanzar agendas políticas. La interacción de factores legales, económicos y políticos subraya las tensiones en el marco de poder y cómo estas situaciones pueden ser instrumentalizadas para promover intereses partidistas. La intersección entre la industria cultural, la esfera administrativa y el sistema judicial puede complicar la percepción legal tanto de los involucrados como de la ciudadanía. Esto resalta la necesidad de una regulación y supervisión más rigurosas en la contratación de artistas internacionales.

Al margen de su carrera en la música y el teatro, Nacho Cano ha acumulado una notable fortuna a través de diversas inversiones y propiedades. Su vivienda principal está en La Isla Blanca, donde posee varios bienes inmuebles, siendo Villatranquila el más imponente. Este complejo residencial, que abarca más de 2.500 metros cuadrados, incluye una mansión unifamiliar de cinco plantas y una piscina, y a menudo se utiliza para retiros de yoga. La gestión de la finca está a cargo de Yogi Songs SL, una de sus empresas, que también administra la editorial de sus canciones y la explotación de activos, con un patrimonio superior a los 4 millones de euros. En 2022, su negocio reportó una cifra de 530.000 euros y unos beneficios netos de 186.000. Además, mantiene una participación del 33% en la antigua sociedad del grupo Mecano, junto a su hermano José María Cano y la cantante Ana Torroja.

Nacho Cano también administra Laika Records, otra importante compañía con sede en Madrid, que desde 2021 se dedica también a la producción y edición de música, y desde hace unos meses a la explotación de inmuebles. En 2022, reportó ganancias de 150.000 euros y tiene el 10% del proyecto de restauración Dalai Tacos SL. Por otro lado, el productor y director de escena es miembro del patronato de la Fundación Hispano Judía (FHJ), una organización creada en 2016 para promover el conocimiento de la historia de los sefardíes en España.

Este enredo judicial no solo desafía las nociones de legalidad, sino que también ilustra cómo la verdad puede quedar atrapada en un torbellino de especulaciones y tensiones públicas. Aunque los cargos deben ser evaluados con máximo rigor, es vital que el proceso judicial se mantenga enfocado en los hechos y no se vea desvirtuado por influencias externas o sensacionalismos. La integridad del sistema depende de su capacidad para separar el ruido mediático de la esencia de la justicia.

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