El pasado 17 de septiembre, Pedro Sánchez presentó en el Congreso de los Diputados el Plan de Acción por la Democracia, un paquete de reformas destinado a mejorar la calidad de la política, la comunicación y la rendición de cuentas en España. El proyecto, elaborado tras un proceso de consultas con los grupos parlamentarios, contempla 31 medidas que se implementarán a lo largo de tres años, siempre que la cámara baja del Parlamento las apruebe.

Esta iniciativa se estructura en torno a tres ejes fundamentales: la mejora de la información gubernamental para clarificar el funcionamiento de las administraciones y prevenir la corrupción; el fortalecimiento de la transparencia, la responsabilidad y la pluralidad en el ecosistema informativo, que incluye la creación de una Estrategia Nacional contra la desinformación; y el refuerzo de la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral, con medidas como la obligatoriedad del Debate sobre el Estado de la Nación y los debates en campaña electoral.

Entre los aspectos más destacados del segundo eje se encuentran las medidas enfocadas en garantizar la honestidad informativa y el acceso a la misma, así como la protección de la libertad de expresión. Se prevén cambios significativos en el Código Penal, incluida la modificación del artículo 36 de la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como ley Mordaza. Estos cambios permitirán a periodistas y ciudadanos tomar imágenes de actuaciones policiales sin temor a multas o arrestos.

Asimismo, se buscará la despenalización de los delitos de opinión, como las injurias a las instituciones del Estado y las ofensas a los sentimientos religiosos o a los símbolos nacionales. En este contexto, cabe recordar las condenas a los raperos Valtònyc y Pablo Hasél por cargos relacionados con estas conductas. El primero fue sentenciado en 2018 a tres años y medio de cárcel tras una querella del partido balear Actúa Baleares, mientras que el segundo recibió una condena en 2014 de dos años de prisión por enaltecimiento del terrorismo.

El Gobierno de Sánchez se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para sustentar esta descriminalización, citando casos como el de quemar fotografías del rey de España, considerado un acto amparado por el derecho a la libre expresión. Esta abolición plantea la cuestión de si, en efecto, la libertad de expresión ha estado coartada en nuestro país. La interpretación previa de ciertos artículos del Código Penal, con márgenes amplios, podría haber limitado este derecho, aunque se diferencia de la ley Mordaza, que no afecta directamente a esta facultad.

En cuanto a las medidas contra la desinformación, se propone la creación de un registro de medios de comunicación que detalle la propiedad, la financiación y la cantidad de dinero público y privado recibida por estos. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será la encargada de gestionar la base de datos, con el objetivo de asegurar la transparencia en la propiedad y la inversión publicitaria de los medios.

La reforma de la ley de Publicidad Institucional también busca salvaguardar el pluralismo editorial y evitar la concentración de poder en los principales grupos de comunicación. Además, se pretende lograr una mayor protección para los periodistas frente a acosos externos, así como un blindaje del secreto profesional y la protección de las fuentes.

Pedro Sánchez ha señalado que el plan busca combatir la “máquina del fango”, un término acuñado por el filósofo y escritor italiano Umberto Eco para describir el uso espurio de los medios de comunicación con el fin de desacreditar a adversarios políticos mediante la publicación de noticias falsas.

El segundo eje del plan se alinea con el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, aprobado en marzo de este año en Bruselas, y busca cumplir con el artículo 20 de la Constitución, que garantiza el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. A pesar de ello, surge la duda sobre si estas medidas podrían contradecir el pluralismo, especialmente considerando que, en el pasado, la difusión de noticias falsas ha sido protagonizada por un sinfín de medios, incluidos tanto las grandes cadenas generalistas como los periódicos tradicionales.

Las críticas de la oposición han sido contundentes. El Partido Popular ha descrito el plan como una cortina de humo para desviar la atención de la investigación judicial en torno a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y como una herramienta de censura. Miguel Tellado, portavoz popular en el Congreso, acusó al presidente de intentar controlar los medios y distribuir licencias en función de la cobertura que reciben sobre su persona y su gobierno.

En este punto, se puede concluir que el principal partido de la oposición —junto con la extrema derecha de Vox— instrumentaliza cualquier noticia para arremeter contra el Gobierno. Y cuando se les exige justificar sus embates, se excusan en lo que leen, ven o escuchan en ciertos medios de dudoso rigor profesional. Esta actitud revela una desfachatez sin parangón: critican las medidas del Ejecutivo para erradicar las noticias falsas, pero al mismo tiempo utilizan sistemáticamente esa misma información como arma política, sin presentar ni una sola alternativa ni propuesta de mejora para las condiciones del país.

El panorama político actual se ha convertido en un cuadrilátero donde el cruce de insultos y reproches no resuelve nada; más bien, aumenta el desconcierto y la crispación de la ciudadanía. En lugar de ofrecer soluciones, los partidos de la oposición se dedican a incendiar España con ataques desquiciados, emulando los tiempos de Nerón. La verdadera política debería centrarse en el desarrollo y avance, no en el sabotaje y la destrucción. La capacidad de los servidores públicos para presentar propuestas constructivas y actuar con responsabilidad es esencial para el futuro de España, especialmente en momentos de crisis y desafío. La cuestión es si, en medio de esta tormenta, los vividores de la cosa pública serán capaces de encontrar el camino hacia un debate más provechoso y diseñar soluciones efectivas para los problemas que enfrentamos todos.

Publicidad