La traición que más duele es la que proviene del entorno más cercano o de aquellos que, con una supuesta actividad humanitaria y de solidaridad, no cumplen las expectativas y mantienen una total deslealtad con los más vulnerables y con quienes tienen una relación de fraternidad. Es por esa razón que gran parte de los saharauis están decepcionados con España, país del que muchos de ellos son o fueron compatriotas y que, para mayor inri, es la potencia administradora del territorio.

España ha sido muy hija de puta con el Sáhara Occidental desde la llegada de la democracia. Cuando digo “España”, no me refiero a los españoles ni a los ciudadanos de esta nación, que ven con enorme simpatía la causa del pueblo saharaui y que, en su mayoría, son partidarios de su independencia. Me refiero a las autoridades y a las instituciones, que no cumplen ni moral ni políticamente con las obligaciones inherentes a su cargo.

Desde que el Borbón era todavía principito, antes de la llegada de la democracia, y admitió un pingüe soborno del rey sátrapa Hasán II de Marruecos a cambio de la inacción del país tras la Marcha Verde, según se desprende de la desclasificación de los secretos oficiales de Estados Unidos, testigo privilegiado en la zona durante aquellos años, el destino de los saharauis ha sido objeto de engaños y conjuras desde Madrid.

Los socialistas siempre fueron los más atrevidos a la hora de hacer pública su infidelidad con el Sáhara Occidental. Nadie se sorprende de que lo hiciera Felipe González, que es un traidor por antonomasia. Sin embargo, el resto de los presidentes del Gobierno no le han ido a la zaga. El último, Pedro Sánchez, ha vuelto a defraudar a sus vecinos del sur, apostando por la autonomía bajo soberanía marroquí y en contra del referéndum independentista, vulnerando así las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

En este contexto, se produce ahora una nueva traición cuando el Ministerio del Interior, a cargo del juez conservador Fernando Grande-Marlaska, decide repatriar a un número importante de exiliados saharauis. Está documentado que estos sufren persecución y que, si son enviados a Marruecos, corren el peligro de ser encarcelados o de perder la vida por su oposición a integrarse en un país que no consideran el suyo. Una cincuentena de ciudadanos de origen saharaui, algunos en huelga de hambre, están retenidos en el aeropuerto de Barajas, a la espera de encontrar un futuro, mientras que sus traductores ignoran algunos de los dialectos de estos refugiados.

Ione Belarra manifestó a este respecto —y yo no puedo estar más de acuerdo con la diputada de Podemos— que España se brinda a acoger a un viejo decrépito que fantasea con haber ganado las últimas elecciones presidenciales en Venezuela, mientras niega el refugio a quienes son objeto de brutales represiones por parte de la autocracia alauita. Esto se refleja en la alevosa declaración del ministro del Interior de que todo se hará en cumplimiento de la ley, lo que no deja de ser una irónica paradoja para la vida de este sufrido pueblo que reivindica el reconocimiento y respeto de su identidad nacional.

En este mundo de desinformación, donde el relato de las grandes agencias de comunicación y de los países más poderosos se impone a la verdad pura y dura, los intereses de Estados Unidos prevalecen sobre la propia diplomacia española y evidencian la falta de autonomía en la política exterior de nuestro país. Cuando Washington ordena que se cumplan sus caprichos, Madrid obedece sin rechistar, ya que el rey marroquí actúa como el procónsul de la Casa Blanca. Esto constituye un agravio muy doloroso para nuestra soberanía.

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