Bandera blanca, cien días de tregua.

Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno de España. Fotografía de archivo.

En los albores de la restauración democrática de 1978, en España había una ley no escrita que permitía cierto margen a los nuevos gobiernos para poder desarrollar las primeras medidas, sin verse sometido al albur del control y las críticas de la oposición. Se trataba de una moratoria de algo más de tres meses que tenía como principal argumento no desestabilizar el reciente nuevo régimen constitucional.

Esta circunstancia se mantuvo en el tiempo hasta que el impresentable de José María Aznar perdió las elecciones en 2004 como consecuencia de su estúpida utilización partidista de un atentado yihadista con el fin de que el PP volviera a gobernar con mayoría absoluta. Como los españoles no tragaron el anzuelo, al dirigente ultraconservador le entró un desaforado ataque de cuernos cuando fue elegido José Luis Rodríguez Zapatero, quizá porque pensaba que su mandato tenía un origen divino. Y así, en colaboración con el periodismo más manipulador y despreciable de la época hizo correr la especie de que las bombas del 11-M tenían su origen en ETA y no en un grupo armado vinculado a Al Qaeda.

Para pasear su rencor por la piel de toro, el PP comenzó una oposición feroz contra el nuevo Gobierno, casi antes de que se constituyera y emprendió una cruzada contra todo aquello que resultara repugnante para el neofranquismo del partido de la gaviota. De aquellos polvos estos lodos, porque la irracionalidad con la que se opusieron al nuevo Estatuto de Cataluña, con la impagable complicidad de un Tribunal Constitucional parcial y torticero, que propició un atraco a toga armada contra la nueva ley, después de aprobada por la ciudadanía y que supuso la base de la desafección catalana hacia España.

En este nuevo traspaso de poderes del corrupto partido del Gobierno al Ejecutivo de Pedro Sánchez ha vuelto a pasar lo mismo. Los cien días de tregua brillaron por su ausencia y todavía caliente la configuración del nuevo Gobierno, la formación de la gaviota ha vuelto por donde solía y ha lanzado una ofensiva brutal contra el Ejecutivo del PSOE, que llegó al poder con la legitimidad que le da la Constitución, con la propuesta de que se celebre el Debate sobre el Estado de la Nación el mismo mes en el que la derecha perdió la moción de censura.

Yo, por el contrario, voy a respetar esta ley no escrita de los cien días, que sólo desobedecería en el caso de que cometieran demasiadas aberraciones en sus primeras medidas. Ni soy socialista, ni se me espera, pero debo reconocer que el cambio de Gobierno ha supuesto una bocanada de aire fresco para el país en el que nací y resido.

Hay algunos gestos iniciales que me han satisfecho sobremanera, sobre todo la eliminación de la Biblia y el crucifijo en la toma de posesión de Sánchez y los nuevos ministros, así como el factor más que igualitario de los componentes del Gobierno. Pero hay una decisión que me produce un gran subidón y es la solidaridad que ha tenido el equipo de Sánchez para acoger en España a los 400 inmigrantes de un barco a la deriva que la xenofobia italiana impidió desembarcar.

Recordando aquella célebre frase del presidente mexicano Lázaro Cárdenas, de “que vengan todos”, cuando la República española fue derrotada por el fascismo, el nuevo Gobierno ha propiciado la solidaridad real con los más indefensos, en colaboración con el Ejecutivo progresista de Valencia y la Barcelona de Ada Colau. Esta orden de hacer entrar en nuestro país a los desheredados del mundo, me ha devuelto, por vez primera en muchos años, el orgullo de ser español.

Texto: Vicente Bernaldo de Quirós.

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