La gran importancia de la sanidad pública.

En el centro de la imagen, Patty Hajdu, ministra de Salud de Canadá, hablando del SARS-CoV-2. Fotografía: Justin Tang.

Canadá tuvo una vez una farmacéutica pública que hoy podría sumar fuerzas en la crisis del SARS-CoV-2, el inconveniente es que en 1986 fue desmantelada como parte del programa de privatización del gobierno de Brian Mulroney. Finalmente, la multinacional biofarmacéutica francesa Sanofi Pasteur se anexionó esta encomiable iniciativa.

Connaught Labs era una referencia en el campo de la biología humana a nivel mundial. Durante siete décadas participó con acierto y brillantez en el escenario biomédico internacional, contribuyendo al logro de avances médicos y desarrollando tratamientos y vacunas asequibles contra enfermedades mortales.

Envidiada por sus competidores, Connaught Labs era única entre las farmacéuticas, ya que se centraba en las necesidades humanas, no en las ganancias. Hoy, esta filosofía filantrópica habría sido útil.

De hecho, Connaught Labs comenzó en medio de un brote de difteria en 1914. Por entonces, el doctor John G. FitzGerald sufría con indignación la gran tasa de mortalidad infantil a pesar de que un fabricante de los Estados Unidos disponía de un tratamiento contra la bacteria Corynebacterium diphtheriae. Pero una dosis de 25 dólares sólo estaba al alcance de las clases pudientes de la época. FitzGerald se propuso cambiar eso, y lo hizo.

Tras múltiples ensayos de laboratorio, FitzGerald logró crear una antitoxina que demostró ser efectiva en el proceso de cura de la difteria, y la puso a disposición de los establecimientos de salud pública de todo el país. Con posterioridad, él y su equipo desarrollaron tratamientos y vacunas de bajo coste para otros virus comunes, como el tétanos, la fiebre tifoidea y la meningitis. Fueron tiempos de duro trabajo de investigación en las instalaciones de la Universidad de Toronto.

“Connaught Labs fue pionera en muchos sentidos”, afirma Colleen Fuller, investigadora asociada del Centro Canadiense de Políticas Alternativas. “Hizo cosas que las empresas comerciales no harían porque no estaban dispuestas a asumir riesgos financieros.”

En palabras de la doctora Fuller: “Si un laboratorio de propiedad pública se mantuviera operativo en la actualidad, este podría estar colaborando en el desarrollo de la vacuna contra el SARS-CoV-2, y garantizar un suministro canadiense si hubiera una escasez mundial. Sin embargo, por desgracia no es así”.

Sucumbiendo a la presión corporativa y bajo la creencia equivocada de que el sector privado siempre hace las cosas mejor, el gobierno de centroderecha de Brian Mulroney privatizó los laboratorios Connaught en la década de 1980.

El brote de SARS-CoV-2 podría contribuir finalmente a desmontar la falacia que sostiene que el sector privado es mejor por naturaleza; argumento que ha regido el destino de los países angloamericanos durante los últimos cuarenta años, y que ha desembocado en una constante denigración gubernamental.

Por suerte, el servicio público de atención sanitaria de Canadá, fundado en la década de 1960, ha sobrevivido hasta nuestros días gracias a su prestigio, y a pesar de que los líderes políticos hayan ido reduciendo progresivamente los fondos para el sistema en las últimas décadas. Pero si esta insensatez aún no era vista como una temeridad palmaria, el SARS-CoV-2 llegó con un mazazo; siendo la población testigo de las dificultades adicionales que enfrenta Estados Unidos para contener el virus ante el débil sistema sanitario con el que cuenta el país.

La disposición a rendir culto a la privatización ha dejado tras de sí un horizonte más sombrío de lo que cabría esperar. Canadá gasta mil millones de euros al año para financiar la investigación médica básica en universidades, y depende del mercado privado para producir, controlar y beneficiarse de las innovaciones médicas resultantes.

Por ejemplo, el trabajo crucial en el desarrollo de una vacuna para tratar el virus de Ébola fue realizado por científicos canadienses en el Laboratorio Nacional de Microbiología en Winnipeg, y financiado con dinero de los contribuyentes canadienses. Pero los únicos derechos de licencia de la vacuna fueron otorgados a una empresa norteamericana, que terminó transfiriendo la patente al gigante farmacéutico Merck KGaA por 50 millones de euros. Y aunque Merck esté produciendo el antídoto, los críticos denunciaron que la compañía alemana no hizo nada por acelerar el proceso de producción de la vacuna durante el brote mortal de ébola en África occidental en 2014, según un artículo publicado en el The Journal of Law and the Biosciences.

Con un aumento esperado en las futuras pandemias mundiales, este podría ser el momento de repensar el necio apego a la idea de que el sector privado siempre hace las cosas mejor. Jamás refutada, esta teoría parece cada vez más descabellada.

Texto: Linda McQuaig | Common Dreams.

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