Tras la querella que el Partido Popular registró el lunes 14 de octubre en el juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional contra el PSOE por presuntos delitos de financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias, con la esperanza de que el actual Gobierno de coalición se desangre, se ha dado a conocer la sentencia que condena a Eduardo Zaplana a 10 años y 5 meses de prisión, así como a pagar una multa superior a los 25 millones de euros en el marco del caso Erial.

Este fallo judicial ha declarado a Zaplana culpable de amañar adjudicaciones públicas y aceptar sobornos de empresarios, junto con la condena de cuatro de sus amigos y colaboradores, así como de los empresarios Vicente y José Cotino, sobrinos del fallecido exvicepresidente del Gobierno valenciano y exdirector general de la Policía, Juan Cotino. Esta organización criminal desvió más de 20 millones de euros, creando un entramado de ilegalidades que ocasionó una profunda herida en la política valenciana.

Es importante recordar que esta sentencia representa el infame final de una carrera política fulgurante, en la que Zaplana desempeñó diversos cargos de responsabilidad pública, desde concejal, alcalde y diputado autonómico y nacional, hasta senador, president de la Generalitat y ministro en el Gobierno de José María Aznar. El veredicto de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, tras el proceso que quedó visto para sentencia el pasado mes de mayo, no es firme y puede ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo.

En este contexto, y como era de esperar, el condenado ha anunciado que recurrirá la pena que le ha sido impuesta por delitos de corrupción, al considerar que esta se basa en acuerdos opacos y carece de evidencias en su contra.

Asimismo, en un ambiente de agitación política, la dirección nacional del Partido Popular ha expresado su respeto hacia la resolución judicial, pero también ha dado un paso más en su estrategia de oposición al registrar su demanda contra el PSOE. «Frente a la actitud que adoptan otros, el PP siempre ha respetado las decisiones judiciales», ha afirmado en rueda de prensa la vicesecretaria popular de Igualdad, Conciliación y Política Social, Ana Alós. «Si alguien ha cometido un delito, que rinda cuentas ante la Justicia», añadió.

Cabe señalar que el dictamen se ha conocido casi cuatro años y medio después de la detención del expolítico derechista, el 22 de mayo de 2018, y cerca de cinco meses después de que el juicio del caso Erial quedara visto para sentencia. Zaplana comenzó a ser investigado en 2015, pero no fue hasta mayo de 2018 cuando fue detenido e ingresado en prisión preventiva, donde permaneció 259 días, 51 de ellos en el Hospital La Fe por una leucemia mieloide aguda que padece desde hace años.

Sin embargo, el proceso había sufrido ya dos aplazamientos previos: el primero, el 9 de enero, debido a la baja del fiscal anticorrupción; y el segundo, el 1 de febrero, a causa de la enfermedad del abogado del encausado, quien días antes del litigio sufrió una grave dolencia cardíaca.

Resulta irónico que el mismo Partido Popular que hoy acusa al PSOE de financiación ilegal y delitos de corrupción sea el mismo que ha tenido entre sus filas a un condenado por circunstancias similares a las que denuncia. Este cinismo palpable pone de manifiesto la hipocresía de los populares, que, en lugar de practicar la autocrítica, intenta deslegitimar a sus adversarios, ignorando su propio pasado y el legado de ilegalidades que arrastra.

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