Miguel Ángel Rodríguez (MAR) es un personaje cuya trayectoria se ha visto definida por la controversia, la manipulación mediática y una estrategia constante de hostigamiento hacia la prensa crítica. Desde enero de 2020, ocupa el puesto de jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, donde ha seguido desplegando sus tácticas oscuras. Su reciente implicación en el caso de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, no sólo pone de manifiesto su baja catadura moral, sino también la impunidad con la que actúa dentro del círculo más cercano al poder en la capital del reino.

En el juicio reciente sobre la filtración de correos electrónicos relacionados con un presunto pacto entre la Fiscalía General del Estado y la defensa de González Amador, MAR ha sido señalado como el principal responsable de difundir información engañosa. El 13 de marzo, el diario El Mundo publicó un artículo en el que afirmaba que la Fiscalía había propuesto un acuerdo a la defensa del procesado, un bulo que rápidamente fue desmentido por La Sexta. Sin embargo, en lugar de poner fin al cuento, Rodríguez decidió amplificar la trola. Tal como él mismo reconoció, filtró un correo a un grupo de periodistas en el que se sugería que Álvaro García Ortiz había planteado una solución a favorable, cuando el mensaje original demostraba lo contrario.

Su declaración ante el Tribunal Supremo, en la que intentó justificar su actuación, no hizo más que reforzar las sospechas sobre su inmoralidad. Rodríguez, además, mostró una actitud irascible frente a los periodistas, acusando al presidente Pedro Sánchez de haber tejido una conspiración política contra la presidenta Díaz Ayuso, sin presentar evidencia alguna que respaldara tan grave acusación. Lo que muchos vieron como un intento desesperado por desviar la atención de su propia implicación, es una estrategia más de su extenso repertorio: manipular la opinión pública en beneficio propio, sin importar las consecuencias para la verdad.

Este episodio de desinformación es sólo una muestra más del modus operandi del consultor y publicista vallisoletano, quien a lo largo de su carrera ha demostrado un patrón constante de manipulación. Desde su incursión en la política en la década de los años 80 bajo la tutela de su colega José María Aznar, hasta su rol como portavoz del Gobierno en el mandato de este, Rodríguez ha utilizado los medios de comunicación como un instrumento para consolidar su poder y, a su vez, liquidar a quienes se oponían a sus intereses.

En 1990, cuando era portavoz de la Junta de Castilla y León, se descubrió la existencia de unas listas negras de periodistas. Estos inventarios, que presuntamente fueron elaborados bajo su supervisión, tenían como fin identificar a aquellos que no se alineaban con los intereses del Partido Popular, para luego someterlos a un trato hostil por parte del Gobierno. Rodríguez, con la frialdad de un maestro de la tergiversación, no sólo recopilaba información profesional sobre los periodistas, sino también datos personales, como quedó claro en el caso del periodista Goyo Martínez, quien fue señalado como “peligroso” debido a su cobertura crítica.

Pero las prácticas rastreras de Rodríguez no se limitan sólo a la creación de listas de proscritos. Su paso por la Secretaría de Estado de Comunicación, donde desempeñó el cargo de portavoz del Gobierno, estuvo marcado por presiones constantes a los medios. El empresario Antonio Asensio, presidente de Antena 3, relató ante el Congreso cómo Rodríguez lo amenazó con encarcelarlo si persistía en su acuerdo con el grupo PRISA sobre los derechos de emisión del fútbol, todo con el objetivo de alterar el panorama mediático y colocar a sus personas de confianza en posiciones de privilegio dentro del sector.

En 1998, Rodríguez se adentró en el mundo de la comunicación privada, donde continuó operando bajo el mismo parámetro: la manipulación. Fue nombrado presidente de CARAT, una multinacional especializada en la compra de espacios publicitarios. Sin embargo, su relación con la política y la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) no concluyó en este punto. A través de esta fundación, Rodríguez se encargó de la producción de piezas de propaganda diseñadas para favorecer al Partido Popular, siendo uno de los ejemplos más notorios el infame documental “Tras la Masacre”, en el que se defiende la teoría conspirativa sobre los atentados del 11-M en Madrid.

En 2013, Rodríguez protagonizó un incidente de gran repercusión mediática al ser detenido por la policía tras causar un accidente de tráfico. Las pruebas demostraron que su tasa de alcohol era cuatro veces superior al límite permitido, lo que constituyó una infracción grave y le valió una condena por delito contra la seguridad vial. Este hecho no sólo evidenció su desprecio por las normas, sino también su arrogancia ante las consecuencias de sus actos, al intentar minimizar su responsabilidad tras lo ocurrido.

En abril de 2014, Miguel Ángel Rodríguez fue absuelto de un delito de injurias graves contra la policía municipal de Madrid, a la que había descalificado llamándola “la más chula del mundo”.

Su regreso al foco político no tardó en producirse. En las elecciones autonómicas de 2019, Isabel Díaz Ayuso lo incorporó a su campaña como asesor en comunicación. Con su llegada, se implementaron las prácticas de hostigamiento a los medios no afines, la difusión de bulos y la constante intimidación hacia quienes se atrevieran a cuestionar al Ejecutivo madrileño. Esta tendencia culminó en el reciente escándalo, donde se ha demostrado que la instrumentalización de los medios sigue siendo una de las herramientas fetiche de Rodríguez.

No es casualidad que, en este último caso, MAR haya tratado de justificar la filtración de información a los periodistas calificándola como un malentendido o el producto de una interpretación personal. En un giro digno de su historial, ha intentado desacreditar a la Fiscalía y a la Guardia Civil, afirmando que el Fiscal General del Estado había borrado mensajes para encubrir su participación. Su ataque al presidente Sánchez, sin aportar evidencia, parece ser una tentativa para desviar la atención sobre su propio comportamiento poco ético.

Su postura, al acusar a Álvaro García Ortiz de ser parte de una conspiración, es una muestra más de las maniobras de victimización que utiliza para eludir responsabilidades. Sin embargo, las pruebas no dejan lugar a dudas: él orquestó la revelación de la información. Su intento de ocultar este hecho, sumado a sus declaraciones inconsistentes, pone en evidencia que el jefe de gabinete de Ayuso está dispuesto a mentir y manipular a cualquier precio para salvaguardar su imagen y la de sus allegados.

Miguel Ángel Rodríguez, a lo largo de su carrera, ha demostrado ser un individuo dispuesto a hacer lo que sea necesario para preservar su influencia. Ha manipulado, acosado y coaccionado a muchos profesionales, utilizando su control sobre los medios de comunicación como una poderosa arma para instaurar un clima de intimidación y sumisión. Hoy, con su implicación en el caso de González Amador, queda claro que su catadura moral sigue siendo la misma. En su mundo, la verdad es maleable, y la ética, un obstáculo que puede sortear sin dificultad.

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