Felipe VI, en su discurso de clausura de la IX Conferencia de Embajadores, subrayó la necesidad de que España continúe proyectando una imagen de apertura, orgullo y solidez en la escena mundial. De esta forma, el cuerpo diplomático debe seguir propiciando una percepción nítida y fiable de un país orgulloso de su Historia y comprometido con los principios democráticos. Sin embargo, la hipocresía de sus palabras resulta lacerante cuando analizamos con objetividad tanto su reinado como el contexto histórico que lo antecede.

El actual monarca instó a los 130 embajadores congregados en el Ministerio de Asuntos Exteriores a promover la ejemplaridad de España. Sin embargo, ¿cómo puede encajar este propósito en el contexto de la propia Familia Real? La contradicción resulta evidente al confrontar su mensaje con un legado lastrado por la opacidad y los escándalos. ¿Es posible hablar de una España enaltecida por su memoria histórica cuando los actos de Juan Carlos I de Borbón —un personaje sin conciencia moral, juerguista y mujeriego— socavan los valores que su hijo pretende preservar? Las prácticas corruptas del rey emérito no sólo ponen en entredicho la razón de ser de la Casa Real, sino que también erosionan la credibilidad del país que Felipe VI intenta “vender” al mundo. A pesar de sus esfuerzos por desconectarse del pasado de su progenitor, la sombra de este lo persigue, sobre todo cuando sostiene que España posee una historia que la dignifica como nación.

Aunque Felipe VI haya implementado protocolos de transparencia en La Zarzuela, estos no han logrado disipar las incógnitas que persisten sobre los numerosos escándalos protagonizados por su padre. Entre ellos destacan los 65 millones de euros entregados a su examante, la comisionista alemana Corinna Larsen; el lujoso estilo de vida que mantiene desde su abdicación en 2014 —financiado con fondos de origen incierto—, y la fijación de su residencia fiscal en Abu Dabi. Asimismo, su vinculación con sociedades registradas en paraísos fiscales y con fundaciones como Zagatka y Lucum —esta última creada en 2008 para ocultar los 100 millones de dólares recibidos del soberano saudita Abdalá bin Abdulaziz—, el pago de una deuda tributaria de 4,4 millones de euros mediante préstamos de amigos y sus relaciones con testaferros plantean serias dudas sobre su honestidad y su compromiso con España. La ciudadanía sigue esperando explicaciones sobre los vuelos en aviones privados, las donaciones millonarias y su implicación en el operativo desplegado por el CNI para poner fin al chantaje desorbitado de la vedete Bárbara Rey, tapado con dinero público para encubrir los ardientes deslices de quien, aún hoy, sigue siendo inviolable y exento de cualquier responsabilidad, o la trama urdida contra Corinna en Mónaco, entre otros asuntos.

La invocación a un sentimiento de exaltación nacionalista resulta especialmente problemática si se considera el colonialismo español de tiempos pretéritos. Durante la Conquista de América, España no sólo expolió los recursos naturales del continente, sino que también perpetró genocidios, imponiendo un régimen de violencia sistemática y guerra de religión contra los pueblos indígenas. Hablar de “orgullo histórico” sin reconocer estos crímenes equivale a cerrar la puerta a cualquier posibilidad de reconciliación con el pasado.

La tensión en las relaciones políticas con México después de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador exigiera una disculpa formal por los abusos cometidos por la moralla expedicionaria de la Corona de Castilla durante el período de sometimiento de las comunidades originarias con “la espada y la cruz”, pone de manifiesto lo que muchos consideran una falta de respeto y responsabilidad por parte del Ejecutivo español. Además, la postura de Felipe VI, al aferrarse a un orgullo ciego, omite los daños causados por las políticas de subyugación y la urgente necesidad de un verdadero proceso de reparación.

En el acto de cierre de esta cita anual, Felipe VI abogó por un mundo basado en el derecho y no en la ley del más fuerte. Sin embargo, este pronunciamiento resulta irónico viniendo de alguien que ocupa su puesto gracias a una herencia devenida de un proceso completamente arbitrario: la decisión del dictador Francisco Franco de designar a su padre, Juan Carlos I, como sucesor en la jefatura del Estado. En un escenario contemporáneo que promueve la democracia y la protección de los Derechos Humanos, Felipe VI no puede eludir que su ascenso al trono fue producto de un régimen totalitario y no del ejercicio de un sufragio libre.

Antes de concluir, el máximo representante de la Corona extendió su petición de compromiso con esta tarea a la ciudadanía en su conjunto. Pero, ¿acaso no es una responsabilidad ineludible, establecida constitucionalmente, de las instituciones democráticas como las Cortes Generales garantizar la soberanía popular? Atribuir esta función a la sociedad, cuando deben ser las propias instituciones de representación ciudadana las encargadas de velar por el sistema participativo, parece una broma de mal gusto. La democracia en España no puede depender únicamente de la buena voluntad del pueblo, sino de la defensa activa y la eficacia de los órganos electos, sin espacio para enorgullecerse de épocas sombrías que arrastran las cicatrices de un pasado colonial y dictatorial.

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