Un alto cargo del Banco de España de cuyo nombre no me da la gana acordarme, a pesar de que uno puede consultarlo en Google, ha declarado en el Congreso que la subida del salario mínimo (recordemos 900 euros) en el futuro inmediato afecta negativamente al empleo y a las políticas de gasto, lo que no parece que vaya a suceder con su sueldo bruto anual que es sustancialmente muy superior.

Sostengo desde hace algún tiempo que cuando un político influyente, un alto cargo gubernamental o un líder empresarial se dirija a los ciudadanos tenga que someterse previamente a un control de alcoholemia y, por supuesto, de drogas. De esta manera, podríamos ahorrarnos una gran cantidad de gilipolleces y absurdas provocaciones que insultan la inteligencia del personal.

Estaría bien que antes de una rueda de prensa o de comparecer en una comisión parlamentaria, se personara una pareja de la Guardia Civil de Tráfico con sus correspondientes artilugios para proceder a la susodicha prueba y, si acaso, detectaran alcohol o drogas en la sangre del declarante se procediera a la suspensión de la conferencia de prensa.

¿Esto nos libraría de manifestaciones estúpidas? Por supuesto que no, pero al menos estaríamos seguros de que quien dijera pijadas estaría sobrio. Y en esas circunstancias es más difícil desbarrar.

Publicidad