El segundo mandato de Donald Trump, marcado por la polémica desde su elección en las urnas, se perfila como una etapa de consolidación de una Administración que priorizará el poder empresarial y una drástica reducción del aparato estatal, que vendrá acompañada de millones de damnificados sin acceso a los servicios esenciales que brinda cualquier democracia que se precie. El equipo que ha formado el loco de “piel anaranjada” está compuesto por multimillonarios, abogados leales, políticos con visiones extremas y personajes estrambóticos, lo que augura un enfoque en la gestión de la res pública en donde los intereses de las élites prevalecerán sobre las necesidades básicas de la ciudadanía. El plan de acción de Trump se centra en cuatro pilares esenciales: una economía proempresarial, una legislación migratoria salvaje, un replanteamiento de la estrategia exterior y el establecimiento de un manejo cultural y social soportado sobre mentiras y gigantescos bulos, siempre que resulten rentables a corto plazo a un selecto grupo de inversores sin escrúpulos.
En su primer gobierno, el estrafalario estadista republicano impulsó recortes de impuestos que beneficiaron a las corporaciones multinacionales y desmanteló regulaciones en diversos sectores, especialmente en materia medioambiental y sanitaria. Ahora, su programa promete ir más allá: propone reducciones considerables del gasto público, con la intención de mermar la administración a su mínima expresión. Para ello, ha creado el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, comandado por Elon Musk, el magnate dueño de Tesla, SpaceX y X (anteriormente Twitter), y Vivek Ramaswamy, fundador de la empresa biotecnológica Roviant Sciences. Ambos tienen como objetivo reducir drásticamente la burocracia federal, mediante despidos masivos de funcionarios y la eliminación de normativas que consideran obstáculos para el crecimiento económico.
El precedente de Elon Musk en X, donde despidió al 80% de los empleados tras su adquisición, sirve como ejemplo del tipo de control que se quiere implementar a nivel institucional: “eficiencia” al coste que sea. La eliminación de cientos de miles de puestos en la administración pública está suscitando gran recelo entre los analistas, que temen un debilitamiento de los organismos de fiscalización, desde las agencias medioambientales hasta los reguladores del sistema financiero. Esta perspectiva beneficiará directamente a las grandes empresas, con las que Trump planea estrechar aún más sus lazos. El compromiso de recortar tributos a aquellas compañías que manufacturen todos sus productos en tierra estadounidense refuerza esta directriz, aunque las ganancias se concentrarán en las corporaciones mientras que la deuda nacional podría dispararse a niveles sin precedentes.
Uno de los aspectos más polémicos en la agenda del mandatario republicano es su tratamiento de la inmigración. Ha anunciado la que será la mayor campaña de deportación en la historia de Estados Unidos, otorgando potestad a la Guardia Nacional, a los sheriffs y a la policía local para detener a inmigrantes indocumentados. Además, se plantea la prohibición de entrada a ciudadanos de países de mayoría musulmana, resucitando así una de las decisiones más discordantes de su primer ciclo en la Casa Blanca. Tom Homan, su “zar de la frontera”, es conocido por defender medidas ultrarestrictivas, como la separación de familias migrantes, lo que sugiere que se intensificarán estas políticas en los cuatro años venideros, saltándose a piola el contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que tanto trabajo costó consolidar después de la Segunda Gran Guerra.
En el ámbito de los derechos civiles, la Administración Trump prevé limitar el reconocimiento de las identidades de género, proponiendo que sólo se acepten dos géneros al nacer. Esto supone un retroceso significativo en la protección legal de la comunidad LGBTQ+, que verá cómo sus derechos se erosionan en un gobierno abiertamente hostil hacia sus reivindicaciones.
Trump ha reafirmado una táctica exterior que se aleja del multilateralismo convencional y apuesta por una doctrina aislacionista. Ha garantizado “reducir” la presencia de Estados Unidos en los conflictos internacionales, a la vez que reforzará su arsenal militar y mantendrá una relación cordial con líderes como el presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin. Durante su campaña electoral, el próximo ocupante del Despacho Oval aseguró que sería capaz de resolver con diligencia la guerra en Ucrania y la crisis en Gaza, aunque sin ofrecer detalles específicos sobre cómo lo lograría. Su eslogan de “Paz a través de la fuerza”, inspirado en Ronald Reagan, parece indicar un endurecimiento de la política exterior, aunque manteniendo un distanciamiento respecto a aliados históricos como Gran Bretaña y los países que componen la OTAN.
El nombramiento de Mike Huckabee como embajador en Israel refuerza la visión lineal de Washington sobre Oriente Medio. Huckabee, quien se ha manifestado como un ferviente defensor de Israel y ha rechazado cualquier reconocimiento a la identidad palestina, marca una línea clara de apoyo a los actos punibles de Benjamín Netanyahu, a pesar de las acusaciones en su contra por parte de la Corte Penal Internacional, lo que aumentará las tensiones en la región. Por otro lado, Steven Witkoff, magnate inmobiliario sin experiencia política, ha sido nombrado enviado especial para ese territorio, lo que sugiere una maniobra empresarial en la diplomacia estadounidense, más centrada en intereses crematísticos que en la estabilidad geopolítica.
En el ámbito cultural y educativo, la designación de Linda McMahon, cofundadora de la empresa de lucha libre profesional World Wrestling Entertainment (WWE), para liderar el Departamento de Educación, ha generado críticas sobre el rumbo que tomará dicha secretaría en los próximos años. Este nombramiento parece asentar una visión de la cultura estadounidense basada en el espectáculo circense y el entretenimiento superficial, en detrimento de una política cultural más profunda, diversa y heterogénea. La elección de perfiles con una clara falta de experiencia en el espacio de toma de decisiones institucionales refleja el propósito pragmático y simplista de todo lo que el nuevo gobierno pretende imponer en el día a día de los estadounidenses.
Además, el conspiranoico negacionista Robert F. Kennedy Jr., conocido por su postura antivacunas, se ha hecho cargo del Departamento de Salud, lo que podría suponer la desregulación de la industria farmacéutica y el debilitamiento del marco normativo sobre la salud pública basado en evidencias científicas. En plena era postpandemia, esto representa un peligro claro para el bienestar colectivo y el combate contra la desinformación en temas sanitarios.
La Administración Trump está destinada a redefinir el papel de Estados Unidos en el orbe. Sus actuaciones unilaterales, junto con un populismo autoritario, podrían tener serias repercusiones en la geopolítica global. El rechazo a las alianzas tradicionales y la falta de confianza en los organismos internacionales pueden acelerar el declive de la hegemonía yanqui, al tiempo que países como Rusi y China ocupan espacios vacíos en la diplomacia mundial. Los aranceles masivos, especialmente los impuestos a China, indican una intensificación de la guerra comercial, lo que podría llevar a nuevos desafíos económicos y a un reajuste en el mercado globalizado.
La firme apuesta por los combustibles fósiles, en perjuicio de la transición energética, provocará un impacto significativo en la lucha contra el cambio climático, reduciendo la influencia estadounidense en los acuerdos globales sobre sostenibilidad. La retirada de subvenciones a las energías limpias y la promoción del petróleo y el gas natural en el ideario trumpista, resaltan una visión obsoleta y cortoplacista, que desoye las advertencias científicas sobre la necesidad de un cambio de modelo energético que alivie la agonía en la que parece que ha entrado, sin solución, esta roca que habitamos llamada planeta Tierra.
El nuevo capítulo del periplo de Donald Trump como presidente todopoderoso augura un tiempo de profundos y desastrosos cambios en la administración gubernamental estadounidense, marcada por la liberalización, la concentración de poder en manos de la oligarquía económica y una política transfronteriza impredecible y beligerante. La polarización social, la restricción de los derechos civiles y la degradación de los planes de conservación ambiental serán los grandes retos a los que se enfrentará Estados Unidos en el futuro cercano. La administración, compuesta por multimillonarios y acólitos de Trump, augura un gobierno donde el protagonismo del capital y el blindaje de los intereses corporativos dominarán la legislatura, dejando al pueblo en un plano estrictamente secundario y sin capacidad alguna para la toma de decisiones, dado que controla todos los estamentos del poder norteamericano. Es por ello que la promesa de “Estados Unidos primero” se ha convertido en un eslogan vacío, una filfa pergeñada para el beneficio de unos pocos, mientras la agitación interna y externa aumenta en un mundo que observa con creciente preocupación la deriva del que aún se considera el país más poderoso del planeta, en parte, gracias a su poderío militar.
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