La Constitución española estipula que el sistema impositivo de nuestro país debe ser progresivo, pero a ciertas personas de orden y con muchos millones en sus cuentas bancarias no les gusta el artículo que incide en este asunto, en concreto, el 31 de la Carta Magna. A pesar de manifestarse favorables a la más alta normativa, aunque sólo en cuestiones y apartados que no les afecten, claman contra la posibilidad de que les metan la mano en el bolsillo para sufragar los gastos e inversiones que aportan calidad de vida al conjunto de la ciudadanía.

Desde que el Gobierno progresista de coalición legislara por amplia mayoría para que los bancos pagaran un impuesto sobre los beneficios extraordinarios, en unos tiempos en los que el superávit de las entidades financieras es escandaloso y de récord Guinness, los plutócratas mantienen una campaña continua y obsesiva contra la ley que les obliga a tributar, tal como contempla el marco legal, asumiendo el falso papel de víctimas y el impostado sentimiento de estar siendo expoliados por un Estado intervencionista.

Una de las más quejicas es la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, quien manifiesta que este gravamen causará un grave daño a la economía española porque es un impuesto al crecimiento, y se queda tan pancha como si el dinero que aportan la mayoría de los ciudadanos a la Agencia Tributaria no fuera también un impuesto al crecimiento. La dueña de la entidad bancaria de la que hablo no es una dama meritoria; llegó a la cúspide siendo hija y nieta de presidentes que, casualmente, tienen un apellido que viene tan a cuento que es sinónimo de rapiña. Lo que no deja de parecer justicia poética.

Las protestas de la banca son secundadas, como no podría ser de otra forma, por la derecha patriótica —Partido Popular y Vox—, que ha votado en contra de cualquier carga fiscal, porque a esta gente le gusta mucho hablar de España y de lo grande que es como nación, a pesar de oponerse a contribuir a la mejora de las condiciones de vida del pueblo y al desarrollo económico del país que tanto dicen querer y que tanta pasión despierta entre sus señorías.

También parece que son impuestos al crecimiento los que, por ahora, no se pueden aplicar a los dueños de las energéticas. Y no se pueden aplicar porque el Congreso se ha negado a que paguen lo que les corresponde, dado que a los tradicionales enemigos de los tributos se les ha unido el PNV, que, con el fin de salvar el culo de Iberdrola y Repsol, apoya una medida que beneficia a estas empresas. Es importante resaltar que la dirección ejecutiva de esta última está a cargo del veterano exdirigente de los nacionalistas vascos, Josu Jon Imaz.

Me da la impresión de que sería realmente relevante que quienes se autodenominan constitucionalistas llevaran esa teoría a la práctica. Es cierto que no todos los artículos de la Carta Magna son del agrado de todo el mundo, pero la Constitución es un conjunto de normas fundamentales que no se puede trocear, como si fuera carne al peso. A mí no me gusta que en la Constitución se incluya la forma de Estado, aunque tampoco entendería cómo una Carta Magna en un país democrático podría no hacerlo, y no por ello me niego a acatar la disposición primordial que regula la vida de los españoles. Otra cosa es que no luche por que se modifique, pero también debo decir que me parece que lo tengo bastante crudo. Muy a mi pesar.

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