Vida, espectáculo y una violación televisada

8 de diciembre de 2019
Carlota Prado y José María López de GH18, en la célebre casa de Guadalix de la Sierra. Fotografía de archivo.
Carlota Prado y José María López de GH18, en la célebre casa de Guadalix de la Sierra. Fotografía de archivo.

La hipocresía puede ser un arma para justificar acciones que chocan con el modo general de pensamiento que existe en la sociedad moderna. Se esconde el verdadero motivo de los subterfugios porque podría resultar muy perjudicial para los intereses de quienes exponen sus razones, máxime si hay dinero de por medio.

Este aserto sirve para denunciar el cinismo de ciertos programadores de televisión cuando en algún espacio se llega a fraguar una actuación claramente incorrecta o, incluso, un delito que los encargados del susodicho tratan de ocultar o de minimizar para que no salga a la luz, como ocurre en Gran Hermano, donde, según todos los indicios un concursante violó a una compañera durante el tiempo que permanecieron juntos en la llamada casa de Guadalix de la Sierra.

Cuando la joven denunció la agresión, los responsables del programa de telerrealidad (una productora que trabaja para Mediaset) trataron de convencerla de que el asunto no había sucedido como ella lo había vivido, pero no consiguieron venderle la moto, a pesar de contar con la ayuda de dos psicólogos. El asunto salió a la luz y originó un escándalo de proporciones todavía no definidas, porque está en pleno apogeo. Aunque los directivos de Zeppelin TV asumieron ciertos errores, grabaron la agresión sexual y no actuaron de forma inmediata para impedirla: comportamientos castigados en el Código Penal por incurrir en omisión del deber de socorro.

Lo curioso es que Telecinco, la cadena para la que estaba destinado el programa, que tiene grandes índices de audiencia, reaccionó con soberbia y falta de valentía, aun cuando el suceso no puede ser achacado a la empresa fundada por Silvio Berlusconi. Además, ha llevado el caso al más espantoso de los ridículos culpando a la competencia, Atresmedia, de magnificar lo sucedido.

Ocurre, claro, que Gran Hermano es uno de los programas punteros de Telecinco que le proporciona mucha audiencia y gran popularidad. Incluso después de conocerse la agresión, el índice de audiencia de la cadena y de la emisión experimentó una fuerte subida, lo cual demuestra el morbo del espectador habitual, a quien a su natural borreguismo catódico hay que sumar una enfermiza atracción por la depredación sexual.

Mediaset se niega a aplicar sanciones al programa y a su productora, porque le proporcionan grandes beneficios, a pesar de la reacción negativa de muchos ciudadanos. Y es probable que no tenga más remedio que hacerlo porque las firmas anunciantes que dan soporte económico a GH han empezado a desertar e irse de un patrocinio que sólo les generaría huidas entre su clientela y una consecuente sangría económica.

Parece lógico que Gran Hermano tiene que tomarse unas larguísimas vacaciones y hacer examen de conciencia sobre su responsabilidad en un caso de violación que en un país democrático no se puede tolerar. Y si Telecinco insiste en su negativa a dar por concluido el programa, habría que recordar a Paolo Vasile que los permisos televisivos para emitir son concesiones administrativas que igual que se dan, se pueden retirar, si la cadena de Fuencarral no cumple con las obligaciones que le son inherentes a su gestión. Y entre ellas no está, por supuesto, amparar agresiones sexuales.

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