El patrimonio personal de los políticos se nutre de su credibilidad y de su dignidad. Y si se atenta contra estos elementos se erosiona su prestigio y su figura. Si queréis, lo llamamos también honor, aunque la palabra recuerda al conservadurismo calderoniano de tiempos pasados, pero en esencia son los valores que deben contar en la mochila de quien desee ser un servidor público.
Cuando se habla de dignidad y de honestidad no se trata sólo de no formar parte de la lista de corruptos o de quienes roban y expolian la propiedad pública. Se trata también de interpretar la coherencia como un elemento de pertenencia a una forma de entender la política donde no vale el chisgarabís o el que “doy una opinión según soplen los vientos hacia uno u otro lado”. Por eso, la incoherencia es un síntoma de deshonestidad y la línea que separa la incongruencia de la equivocación es bastante diáfana, a pesar de lo que algunos pretendan. No se puede estar en misa y repicando ni se puede decir un día una cosa y al siguiente otra, en función de intereses personales o de presiones políticas.
Por eso, es tan decepcionante el ultimátum que el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez ha lanzado a su colega Nicolás Maduro para que convoque elecciones en Venezuela en el plazo de ocho días, sin ningún criterio más que los deseos de las grandes empresas multinacionales y los países más reaccionarios. Quien con toda lógica se rebela contra las exigencias de la derecha española para que convoque elecciones con el pretexto pueril de que nunca ha ganado unos comicios a nivel estatal no puede sucumbir a la frivolidad de exigir urnas a quienes han cosechado grandes victorias en este ámbito y mucho menos llamar tirano al que permite que cuando la oposición gana unas elecciones legislativas mantenga su respeto por esa circunstancia.
Negar la validez de las elecciones presidenciales del pasado mes de mayo basándose en la opinión de las grandes empresas financieras mundiales dice poco del criterio objetivo del presidente del Gobierno español. No hace falta que pregunte a los responsables bolivarianos de Venezuela. Basta con que le pida opinión a su compañero de partido y predecesor en La Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero, para que pueda hacerse una composición de lugar sobre el tema. El propio ex-jefe de gobierno que actuó de mediador en Caracas hizo alusión a esta circunstancia en varias y repetidas ocasiones.
Pedro Sánchez ha cometido una deshonestidad y, lo que es peor, una enorme estupidez, porque sabe que su chantaje a Maduro no va a tener ninguna repercusión en la política interior venezolana y que va a unir como una piña a la mayoría de los compatriotas contra el golpe de Estado de Juan Guaidó. Para terminar, una pregunta capciosa: Si dentro del plazo esgrimido por Sánchez no hay elecciones presidenciales en Venezuela y nuestro presidente sigue con su gilipollez y reconoce a Guaidó como presidente del país sudamericano, ¿quién va a defender los intereses españoles en Caracas? ¿Qué van a decir las empresas que arriesgan, apuestan e invierten en ese país? ¿Qué piensa hacer una vez que se dé cuenta de que las cosas siguen como están porque unas elecciones avaladas por la comunidad internacional no pueden ser anuladas por el capricho de unas multinacionales que desean expoliar el petróleo de una tierra y quedarse con el dinero de los venezolanos? Pedro Sánchez debería recapacitar para no seguir diciendo estupideces, no sólo por él mismo, sino porque es el Presidente de todos los españoles y no puede dejar al país a la altura del betún por un mal cálculo producto de la falta de dignidad de quien nos representa a todos.
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