Apenas pude contener una carcajada cuando escuché a un directivo bancario afirmar que, si se consolida el impuesto a la banca, tendrán que restringir los créditos hipotecarios a los ciudadanos, porque dispondrán de menos dinero para préstamos. Y es que estos individuos de la oligarquía financiera están tan acostumbrados a mentir a la sociedad que terminan creyéndose sus propias patrañas, contando con que la gente se las tragará con la misma ingenuidad con la que muchos caen en los bulos de los creadores de opinión en las redes sociales.

Pero, ¿cómo van a renunciar a semejante negocio los bancos, si es lo que más dinero les genera, junto con los réditos que obtienen a través de las comisiones y las tasas anuales? Es una especie de fabulación enfermiza para amedrentar a la ciudadanía y tratar de evitar lo que parece ser una verdadera necesidad: que sean los más ricos quienes más paguen, tal como establece la Constitución. Pero es que, por si fuera poco, el porcentaje de lo que tributan las entidades crediticias —que, por cierto, se les ha rebajado con respecto a 2023— es tan ridículo como para montar una campaña tan obscena.

Si nos atenemos al rendimiento de los principales bancos españoles, los beneficios de estos han sido récord, incrementando un 26,81% respecto al ejercicio anterior, tras embolsarse 26.000 millones de euros. Y, a pesar de estos datos, se niegan a colaborar con la sociedad, reclaman más ayudas, diezman a sus empleados —han cerrado 27.850 oficinas y despedido a 115.000 trabajadores—, y tratan de influir, con artimañas, en la política y en todos los sectores de la sociedad española.

Con una insolidaridad tan espantosa y apelando a todas las trampas, los grandes bancos de nuestro país construyen un imaginario que tiende a hacer creer que están exentos de contribuir con la sociedad, pues ya generan riqueza con lo que logran en sus cuentas de resultados. Se alían además con las grandes fortunas y los partidos de la derecha más extrema para asegurar el respaldo a sus propuestas.

Lo más despreciable de los bancos que no quieren pagar impuestos es que exigen no sólo un mejor tratamiento fiscal y más ayudas a su actividad, sino que reclaman además servicios públicos, como carreteras, sanidad, policías y militares, siempre a su disposición. Y lo hacen con la impostura que les caracteriza, intentando además hacerse con acciones de empresas privadas para arrimar el ascua a su sardina. En estos momentos, en los que las inundaciones de Valencia ponen de relieve la necesidad de destinar más dinero público procedente de los tributos, siguen manteniendo su postura.

Lo más despreciable para los bancos que no quieren pagar impuestos es que exigen no solo un mejor tratamiento fiscal y más ayudas a su actividad, sino que reclaman servicios públicos, carreteras, sanidad, policías y militares, siempre a sus servicios y lo hacen con la impostura que les caracteriza y tratan de hacerse con acciones de empresas privadas para arrimar el ascua a su sardina. Y en estos momentos en los que las inundaciones de Valencia ponen de relieve la necesidad de destinar más dinero público procedente de los tributos, los bancos perseveran en su posición.

El impuesto a la banca se mantiene, por ahora, pero se deroga el de las energéticas, que son tan responsables de la desigualdad económica como las entidades financieras. Esto se debe a un acuerdo entre el PSOE y el PNV para salvar las cuentas de Iberdrola —o, como se la conoce popularmente en España, Ibertrola— y de Petronor, presidida por el antiguo dirigente peneuvista Josu Jon Imaz. Y es que el nacionalismo vasco de derechas es muy complaciente con los suyos y se esfuerza por asegurar que obtengan el máximo provecho, en detrimento de la igualdad de todos ante la ley.

Y esta discriminación ha enfurecido a muchos ciudadanos, sobre todo a los de izquierda, que se plantean votar en contra. Uno puede estar sentimentalmente de acuerdo con esta oposición, pero si la suma de descontentos es mayor que la de los conformes, corremos el riesgo de que el impuesto a los bancos decaiga. Y es preferible lo menos malo que lo peor. Ya habrá tiempo de obligar a las empresas de combustibles y de la luz a que apochinen proporcionalmente con sus ingresos a la economía nacional. O, al menos, eso pienso yo.

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