La escuela concertada quiere más dinero. Su negocio consiste en adoctrinar a los más pequeños, pero busca optimizar la rentabilidad de su dedicación y ha pedido al Gobierno de la nación que se rasque los bolsillos para cumplir su objetivo. Lo peor es que nuestro Ejecutivo progresista parece no ver con malos ojos las exigencias de los dueños de los centros privados subvencionados y está estudiando esa posibilidad.
La falta de niños en edad de escolarización no es un obstáculo para que la explotación del sistema educativo concertado, a costa de meter mano en las arcas públicas, siga adelante. Obviamente, no vivimos en la década de 1980, cuando se produjo un boom escolar; un pretexto que el Gobierno socialista de Felipe González utilizó para financiar los colegios sin que estos cobrasen de manera directa al alumno, sino a través de impuestos que, como sabéis, los más poderosos nunca quisieron pagar.
Los centros religiosos son los más beneficiados por esta impostura de la escuela concertada, ya que no sólo pueden imponer sus tesis doctrinales a los niños, sino que también son responsables de designar a los profesores de religión más afines al dogma de sus dueños. Además, no sueltan un duro, porque los sueldos de los docentes también son cubiertos por todos los españoles a través de los tributos.
Algunas cosas han mejorado; no seamos tan agonías. Parece que los centros que educan a alumnos de un único sexo corren el riesgo de no recibir fondos si no mezclan chicos con chicas, lo cual es una de las características de los colegios con un mayor interés ideológico en segregar por sexos. Algunas sentencias y diversas normativas han logrado lo que, en principio y durante bastantes años, ha sido complicado.
Los colegios controlados por el Opus Dei y los centros religiosos concertados han arrojado la toalla y ahora permiten que niños y niñas estén juntos en las aulas. Una cosa es la devoción y otra la obligación. Y primero está el negocio y la necesidad de hacer caja que mantener los criterios con los que comulgan. Por eso han decidido coger el dinero y adaptarse a las nuevas normas marcadas por las administraciones.
Pero el problema no es ese, sino la intromisión de la enseñanza privada en el ámbito de la educación universal y, lo que es peor, en el bolsillo de todos los ciudadanos. Nadie se opone a que haya una educación distinta para quien la quiera: si usted desea enseñar a sus hijos en la formación religiosa, hágalo con su dinero y no con los ahorros del conjunto de los españoles. Porque cuando se habla de igualdad, nos referimos a que todos deben tener la misma oportunidad de acceder a una educación pública, laica y gratuita.
Va siendo hora de que se aborde de manera sensata el asunto de la escuela concertada. Y no se trata de obligar a los colegios a no cobrar a los padres de los estudiantes —aunque también es un despropósito por parte de los directores de estos centros—, ni de ponerles pequeñas piedras en su camino. Se trata, obviamente, de impulsar la enseñanza pública, que es la de todos, y de hacer que el dinero de los ciudadanos se distribuya en beneficio de la mayoría. Y es que el dinero de todos no debe ser para unos pocos.
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