A punto de concluir su 80.ª edición, La Vuelta 2025 no ha sido simplemente una competición deportiva. Desde la primera etapa —que partió de Turín y terminó en Novara, Italia—, la carrera se convirtió en un escenario donde la denuncia social y la indignación ciudadana se hicieron visibles, tensionando la presencia del equipo Israel-Premier Tech. Este año, el deporte y la ética se encontraron en el camino. En 2023, cuando la empresa canadiense Premier Tech firmó como el principal patrocinador de la primera formación ciclista profesional israelí de la historia, su inversión sirvió para blanquear la imagen de un Estado responsable de violencia sistemática en Gaza, ignorando los derechos humanos y subordinándolos al marketing y a la proyección internacional.

El Angliru, con sus rampas imposibles y curvas que parecen desafiar la gravedad, fue el lugar donde se produjo un acto de noble defensa: a poco más de doce kilómetros del final, varios manifestantes se encadenaron, desplegaron pancartas y ondearon banderas palestinas, obligando a detener la carrera unos segundos. Las fuerzas del orden procedieron a la detención de doce personas en un dispositivo que generó controversia. Lo que algunos califican de “desorden público” fue, en realidad, una demostración de coraje y conciencia viva. Mientras los ciclistas esperaban, el nerviosismo era palpable. Todo ello constituyó un desafío directo a la complicidad de Premier Tech con el sionismo y al uso del deporte como herramienta de propaganda.

La dirección de Premier Tech intentó templar la situación con cinismo: retiró el nombre de Israel de los maillots, modificó el logotipo y emitió declaraciones vacías. Pero el núcleo del problema permanecía intacto: un descarado ejemplo de sportswashing, utilizando el prestigio de un evento deportivo mundial para blanquear la reputación de un Estado que perpetúa la barbarie y la ocupación. Cada pedalada y cada llegada a meta de la escuadra judío-canadiense se convirtieron en instrumentos de legitimación simbólica de políticas represivas, convirtiendo el recorrido en un escaparate de complicidad. El ciclismo no fue concebido para esto; su sentido debe residir en el tesón, la superación y la integridad, no en servir de vitrina política.

Por un lado, Javier Guillén, director del evento, al calificar las protestas de “ilegales”, mostró una falta de sensibilidad y un desprecio flagrante por el derecho a la libertad de expresión. Tachar de “ilegales” gestos de solidaridad es vergonzoso. La Vuelta no puede ser un espacio para silenciar la conciencia colectiva; debe ser un lugar donde los principios y el deporte convivan, donde la visibilidad mediática amplifique los valores de justicia y humanidad. Guillén y la organización parecen más preocupados por la continuidad del espectáculo que por reconocer la legitimidad de las demandas del pueblo. Eso resulta intolerable.

Por otro, los ciclistas se han visto atrapados en un dilema inabordable. Muchos se han sentido contrariados al verse involucrados en un conflicto ajeno. El español Javier Romo, integrante del Movistar Team, terminó en el suelo en Monforte de Lemos al verse sorprendido por la irrupción en la carretera de un agente de la Guardia Civil que intentaba frenar a un aficionado. La caída obligó al corredor a abandonar la prueba. La política se extiende por todo, incluso por los espacios más neutrales, y los deportistas terminan pagando el precio de la indiferencia o la complicidad de sus patrocinadores. Se percibe en cada golpe contra el suelo, en cada esfuerzo interrumpido y en la incertidumbre que acompaña a los corredores en cada kilómetro.

El público movilizado no actúa por capricho ni por animadversión hacia los corredores. No se trata de rivalidades deportivas ni de clasificaciones como en el fútbol. Es una cuestión de solidaridad. Cada manifestante que irrumpe en la ruta del Angliru, en Bilbao o en Pontevedra, denuncia que el sufrimiento de cientos de miles de palestinos no puede borrarse con maniobras corporativas. Los activistas no son “perturbadores”; son portavoces de la empatía global. Sus gestos encarnan la resistencia frente al lavado de imagen de Premier Tech y la validación implícita de un Estado genocida.

Premier Tech debería asumir las consecuencias, pero su responsabilidad institucional brilla por su ausencia. Invertir millones en un deporte de élite mientras se es cómplice de un gobierno que socava sistemáticamente los derechos humanos resulta deleznable. Cada euro, cada emblema visible en televisión, cada minuto de mercadotecnia sirve para normalizar la aniquilación. Y la sociedad española lo ha comprendido: cada pancarta, cada bandera palestina, cada acción en la carretera proclama que el deporte no puede ser una tapadera para la barbarie.

En esta ocasión, la ronda española también constata que los grandes eventos deportivos no tienen lugar en una burbuja. La prueba recorre un país, pero también el sentir compartido de sus habitantes. Cada jornada y cada éxito se transforman en oportunidades para visibilizar la protesta. La intervención de los manifestantes recuerda que la excelencia física no basta: el deporte debe aspirar a encarnar principios de equidad y compromiso humano. Que Premier Tech y la organización no lo comprendan no debilita la protesta; al contrario, la refuerza.

La Vuelta 2025 se recordará no solo por los tiempos marcados y los podios, sino por la fuerza moral de quienes desafiaron la normalidad, elevando la coherencia y la justicia por encima de la mercadotecnia y la complicidad empresarial. Premier Tech, el conjunto Israel-Premier Tech y quienes los respaldan deberían tomar nota: la conciencia social no puede ser acallada, y la indignación supera la velocidad de cualquier bicicleta.

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