Crónica de los periodistas incómodos

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El periodista disidente saudí Jamal Khashoggi en Londres, el 29 de septiembre de 2018. Fotografía de archivo.
El periodista disidente saudí Jamal Khashoggi en Londres, el 29 de septiembre de 2018. Fotografía de archivo.

Me parece perfecto que Turquía apriete las clavijas de Arabia Saudí por el brutal asesinato y descuartizamiento del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de ese país en Estambul y que exija, caiga quien caiga, la culpabilidad de los autores materiales e intelectuales. Eso dice mucho del compromiso del presidente Erdoğan y su gobierno con la verdad y la libertad de expresión. El hecho de que el crimen se haya cometido en suelo saudí, pero en territorio turco puede haber influido claramente en la firmeza de Ankara, pero hay más cosas en este asunto tan resbaladizo.

Ojo, que Turquía no es el país generoso que se puede deducir de esta actitud con el caso Khashoggi, sino que depende de diferencias geoestratégicas entre los dos países y que la monarquía teocrática lleva tocándole los cojones a Erdoğan y sus aliados, entre ellos Siria e Irán, para que actúen en función de los intereses de Riad. Esa parece la razón clave de la que se nutre Turquía para endurecer sus posiciones ya que en realidad está defendiendo su política internacional.

Lo que más indigna de la postura turca es su total incoherencia con lo que hace con sus periodistas patrios a los que perseguía hasta la saciedad cuando publicaban informaciones que no eran del agrado del partido islamista que gobierna el país. Las cárceles de las principales ciudades de la nación son testigos oculares y presenciales del alojamiento en su interior de unos cuantos informadores que han decidido sacar a la luz noticias poco complacientes para los intereses del partido en el Gobierno.

El caso más llamativo se produjo en el exterior de Turquía. Concretamente en España, donde la policía de nuestro país (en aquella época gobernaba Mariano Rajoy y el juez Zoido era el ministro de Interior). Un informador que tenía la doble nacionalidad turca y sueca fue detenido por orden de los gobernantes de Ankara y nuestros responsables se llamaron andana, razón por la que el colega de Khashoggi pasó más de diecisiete días en prisión, hasta que la Audiencia Nacional rechazó la extradición al país que le reclamaba.

En aquella ocasión, la posición de la Asociación de la Prensa de Madrid y de gran parte de los responsables corporativos (salvo honrosas excepciones) fue ruin y cobarde, peor, incluso, que la del propio Gobierno de Rajoy, que ya es decir. A pesar de que algunos compañeros del detenido de varias nacionalidades, también la española, exigieron a la APM (creo recordar que la presidenta de la asociación era entonces Victoria Prego) que se posicionara a favor de Hamza Yalçin, que así se llamaba el periodista detenido, la organización profesional se lavó las manos como Pilatos. Lo curioso es que esta organización demostró sus antipatías hacia las posiciones de izquierdas cuando censuró a Pablo Iglesias por reprochar la praxis deontológica de un periodista de El Mundo en relación con su partido.

Vemos, pues, que la hipocresía marca las relaciones con la libertad de expresión por parte de los gobernantes, pero también por determinados profesionales del sector más amigos del poder que de los que lo cuestionan a través de las noticias. La coherencia es un factor fundamental para la credibilidad de políticos y periodistas.

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