Las campanas resonaron en Bruselas cuando el partido nacional-conservador Ley y Justicia, que había ganado las elecciones en Polonia, no obtuvo el apoyo mayoritario del resto del Parlamento para poder gobernar. O sea, que Núñez Feijóo no tiene motivos para la queja, pues en los países con sistema parlamentario, quien consigue más apoyos para gobernar lo hace, ya sea en Polonia o en España. Esta situación le dio la oportunidad al autodenominado liberal Donald Tusk, líder de Plataforma Cívica, quien fuera presidente del Consejo Europeo y era el favorito de los eurócratas.
Ley y Justicia, el partido fundado por los hermanos Kaczyński, de tendencia ultracatólica y de extrema derecha, mantenía en jaque a la Unión Europea debido a sus posturas proteccionistas y a sus criterios divergentes respecto a los estándares del organismo supraeuropeo. Esta discrepancia generaba frecuentes choques y amenazas mutuas, sobre todo en temas relacionados con la política migratoria y la concepción jurídica.
Por lo tanto, el triunfo de Tusk marcó el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre ambas partes. Sin embargo, hasta el momento, los avances en la aproximación entre Varsovia y Bruselas aún tienen un largo camino por recorrer, ya que a muchos dirigentes polacos no les agrada la excesiva presión de los responsables comunitarios, que se sienten un tanto agobiados por el trato preferencial hacia otras naciones en materia agrícola.
Todavía gobernaba el partido de los hermanos Kaczyński cuando se produjo un contencioso entre Polonia y la UE debido a la permisividad de Bruselas con la importación de grano ucraniano, lo cual perjudicaba significativamente los intereses de los campesinos polacos. Incluso se impuso un embargo de armas por parte del Gobierno de Varsovia hacia Ucrania que sólo se levantó cuando los dos países llegaron a un acuerdo por el que los productos agrícolas se transportarían a través de un corredor humanitario hacia terceros países de otros continentes, lo que aliviaría la situación en las zonas rurales de Polonia.
No está claro qué ocurrirá con el nuevo Gobierno de Tusk: si cederá a las presiones de los aliados de Kiev o priorizará los intereses de sus ciudadanos. Sin embargo, la llegada al poder de alguien que ocupaba una de las posiciones institucionales más altas de la UE no parece haber mitigado todos los conflictos entre las dos fuerzas nacionales, que son bastantes más de lo que se dice.
¿Terminará Polonia abrazando la causa europea y aceptando las normas comunitarias? Ya veremos, porque sabemos que existen dificultades para unificar criterios entre muchos países, pero hay una serie de postulados comunes que son de obligado cumplimiento en el territorio de la UE, entre ellos aquellos que se refieren a las libertades democráticas y el respeto a la ley.
Uno de los puntos clave que tendrán que resolver las nuevas autoridades polacas es si aceptan el derecho europeo sobre el caso de Pablo González Yagüe, el periodista español de madre rusa al que se detuvo al entrar en Polonia, acusándolo de ser un espía ruso y manteniéndolo en un limbo legal en el que ni se le libera ni se le formulan acusaciones formales por ningún delito.
En los últimos días, Polonia permitió que Pablo recibiera visitas de su familia, pero continúa en la misma situación de detención ilegal, ya que nadie ha especificado negro sobre blanco de qué se le acusa. En un país con una sólida tradición europea, esta situación es absolutamente inaceptable. La mejor contribución que el Gobierno de Donald Tusk puede hacer al progreso de las relaciones con Europa es que ponga en libertad al periodista y abandone las prácticas autoritarias propias de un régimen despótico. Esto nos dará una verdadera idea de su compromiso con la integración en los organismos comunitarios, al igual que cualquier otra nación.
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