Desde que Donald Trump regresara a la presidencia en 2024, la universidad estadounidense enfrenta una de sus peores crisis contemporáneas. Lo que en un principio parecían incidentes aislados —la dimisión forzada de la rectora de Columbia, el boicot económico a Harvard o la expulsión masiva de estudiantes internacionales— es en realidad una ofensiva coordinada y despiadada para desestabilizar uno de los últimos bastiones del pensamiento libre y crítico en Estados Unidos.

El presidente republicano ya había encarado durante su primer mandato a instituciones históricas como Berkeley o Yale, señalándolas como focos de un “adoctrinamiento progresista” que, según él, corrompía a la juventud yanqui. Pero esta nueva etapa es mucho más agresiva y organizada: sanciones administrativas, recortes presupuestarios y medidas legales que buscan quebrar de forma directa la independencia de las universidades más influyentes del país.

El objetivo no es solo imponer un relato oficial, sino eliminar el espacio para la crítica y la disidencia. No se trata de dinero ni de gestión: es un ataque frontal a la libertad académica y, en última instancia, a la propia democracia.

El 29 de marzo de 2025, la rectora en funciones de la Universidad de Columbia presentó su renuncia. La presión política desde la Casa Blanca se intensificó tras las protestas estudiantiles propalestinas, surgidas tras la invasión de Gaza en 2023. Un caso emblemático —el de Mahmoud Khalil, estudiante palestino acusado de antisemitismo y de apoyar a Hamás sin cargos formales— fue utilizado como excusa para exigir una represalia ejemplar. Así, la administración Trump forzó la dimisión del equipo rectoral, consolidando su ofensiva contra la disidencia universitaria.

La amenaza de retirar fondos federales, la vigilancia constante de las protestas y la imposición de medidas disciplinarias con claro sesgo político pusieron a la universidad contra las cuerdas. Fue entonces cuando Claire Shipman —figura mediática cercana a los grandes medios conservadores— fue designada presidenta interina, con la misión explícita de controlar el discurso y garantizar la alineación institucional con los dictados del poder.

El 1 de mayo, más de 80 docentes de Harvard protagonizaron un acto de resistencia inaudito: anunciaron que donarían el 10 % de su salario para sostener la investigación científica ante la brutal retirada de fondos federales impuesta por Trump. Estos recortes no solo paralizan becas y proyectos esenciales, sino que forman parte de una estrategia para reconvertir la universidad en un reducto elitista, ensimismado y cada vez más alejado del conocimiento libre, plural y emancipador.

La carta pública de los profesores denunciaba “la política del miedo que sustituye a la política del conocimiento” y subrayaba que defender la verdad científica es un acto tanto político como moral.

El golpe más demoledor llegó el 23 de mayo con la revocación del certificado SEVP para Harvard, que impide la matriculación de estudiantes internacionales y amenaza con expulsar a los ya matriculados. El gobierno, bajo la dirección de Kristi Noem en Seguridad Nacional, argumentó que Harvard no podía garantizar la seguridad de sus estudiantes judíos y que el campus se había convertido en un espacio hostil.

Esta medida tiene consecuencias nefastas no solo para el prestigio y la economía de esta universidad privada de investigación, ubicada en Cambridge y miembro de la Ivy League, sino para toda la comunidad universitaria del país, que se nutre del talento global. Además, el Congreso, dominado por una mayoría trumpista, pretende recortar aún más su financiación y eliminar beneficios fiscales, en una caza de brujas que roza la ilegalidad.

Esta ofensiva revela una verdad incómoda: cuando se intenta destruir la educación superior y la libertad académica, se está dinamitando la democracia misma. Las universidades son espacios esenciales para pensar, disentir y forjar una conciencia ciudadana crítica y reflexiva. Criminalizar la protesta, limitar la diversidad estudiantil y controlar el contenido académico no es solo una agresión al conocimiento, sino un golpe directo a los cimientos de una sociedad libre y plural.

Robert Shireman, exfuncionario del Departamento de Educación, lo resume con claridad: «Estamos ante un ataque frontal contra la libertad académica. Los académicos internacionales enriquecen enormemente a Estados Unidos. Cortar ese puente es una decisión política y peligrosa.»

Más allá de lo económico, esta es una guerra cultural cuyo objetivo es imponer un nacionalismo excluyente y supremacista, que rechaza la diversidad, el pensamiento complejo y el cuestionamiento crítico. Donald Trump no solo arremete contra una supuesta “élite liberal”, sino contra la propia idea de universidad libre, de diálogo abierto y de espíritu divergente.

Trump y sus aliados han logrado instrumentalizar la educación, convirtiéndola en un farragoso campo de batalla donde se decide qué se debe saber y cómo se debe pensar. Esta deriva autoritaria erosiona la posibilidad de una educación inclusiva, crítica y emancipadora, y amenaza con dejar a toda una generación de estadounidenses sin las herramientas necesarias para interpretar y transformar el mundo.

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