Basta que una institución cualquiera ponga en marcha una medida en favor de la escuela pública para que los guardias de corps de la iniciativa privada clamen al cielo y arremetan contra este tipo de enseñanza, a pesar de que cuentan con más prerrogativas que nadie y tienen defensores en todos los púlpitos habidos y por haber de nuestra geografía.
Que la enseñanza concertada goza de suficientes padrinos para que se mantenga en el tiempo y en la privilegiada toma de decisiones de los políticos autonómicos es un hecho que no admite discusión. Y son los consejeros de Educación de gran parte de las autonomías, especialmente de las que tienen como punto de referencia al Partido Popular, las que empujan sus dineros hacia los bolsillos de estas entidades.
Ya no digo nada de la obsesiva fijación de la Comunidad de Madrid con el desprestigio de la enseñanza pública y el hecho de que su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, tenga sueños húmedos con Pilar Primo de Rivera y ansíe parecerse a esa gloria decrépita del falangismo patrio. Díaz Ayuso ha destinado gran parte del presupuesto educativo a los bolsillos de los dueños de los colegios privados y concertados, porque los caprichos de quienes se han convertido obsesivamente en los lacayos de los más privilegiados no se pagan con su dinero sino con el de todos los españoles. Ahora, que no es necesario disponer de más plazas en los colegios públicos porque ya no existe la generación de los baby boomers, como en tiempos de Felipe González, quien en otro alarde de agravio a lo común se inventó lo de la enseñanza concertada para que la pagásemos entre todos. Digo que ahora que no son tantos los que están en edad escolar podría darse marcha atrás a aquella ocurrencia del expresidente del Gobierno y potenciar la enseñanza pública para que se nutra de nuestros impuestos. El que quiera otro tipo de colegios que se los pague.
Entre los argumentos que más me sublevan de los adalides de la enseñanza concertada es aquel que dice que los padres tienen derecho a escoger la educación de sus hijos. Y los otros padres, que también ponemos los cuartos para esta bacanal del adoctrinamiento, ¿podremos negarnos a que con nuestros impuestos se sufrague esta diferenciación elitista?
Si apoyamos la educación pública, la del común de los mortales, la de la mayoría de los españoles, los ideólogos del colegio de élite afirman que tenemos prejuicios contra la enseñanza concertada. Y los prejuicios no los tenemos nosotros sino ellos, porque aquí nadie prohíbe que cada cual lleve a sus hijos a los centros educativos que más les peten sino que lo hagan detrayendo dinero de mi declaración de la renta. Y eso ya me parece un poco efecto del desparpajo de determinados colectivos.
Si yo, por poner una suposición, pretendiera comprarme un yate de determinada eslora para disfrutar de las aguas del Cantábrico y no dispusiera del dinero necesario para su adquisición, recibiría todo tipo de improperios del personal compatriota si sugiriera que me lo pagaran entre todos. Y si eso no se puede llevar a cabo con una embarcación de lujo, ¿por qué tenemos que aceptar que se realice con una educación de lujo cuya finalidad sigue siendo la de amparar privilegios entre unos niños y otros? Seamos igualitarios de una puñetera vez.
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