El derecho de representación es vital

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A ver si en un descanso de su continua conspiración contra el Gobierno progresista, nuestra derecha judicial que plantea ahora una huelga por motivos económicos, lo que nunca le hicieron al Partido Popular, se pone una toga y comienza a dictar sentencias, sin que primen en sus resoluciones intereses bastardos o ideológicos, porque este país no necesita unos magistrados que le hagan la cama y resuelvan en contra de los intereses de la mayoría.

Ahora que el Tribunal Constitucional ha conseguido superar la hegemonía ultraconservadora, debería darse prisa para resolver problemas enquistados y que no sólo atentan contra algunos derechos fundamentales sino contra uno de los factores determinantes de nuestro sistema electoral: el derecho de representación, que parece que no interesa demasiado a algunos colectivos.

Me refiero al caso del diputado canario Alberto Rodríguez elegido para ese puesto en la lista de Unidas Podemos y que fue inhabilitado por la Mesa de la Cámara bajo la fortísima presión del Tribunal Supremo, en una condena un tanto suigéneris porque fue la palabra de un policía, que le acusó de haberle dado una patada en una manifestación, contra la del propio parlamentario y en un juicio en el que ni el jefe superior del agente fue capaz de declarar en contra del acusado, como insistía el presidente del Tribunal.

Lo cierto es que Rodríguez fue condenado a unos meses de prisión y, aunque la sentencia no incluía la inhabilitación como diputado, el juez Manuel Marchena obligó a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a despojarle de su condición, sin que la representante socialista defendiera como era su obligación la separación de poderes, dejándose amedrentar por los togados.

Alberto Rodríguez acudió al Tribunal Constitucional para defender su derecho fundamental y ha pasado ya el tiempo suficiente para que el máximo órgano de interpretación de la Carta Magna hubiera dictado sentencia y arropado al político canario, que desde que fue desalojado de su escaño no ha sido sustituido, por lo que la Cámara Baja tiene un diputado menos y los votantes de la circunscripción por la que se presentó se han quedado huérfanos de portavoz de sus intereses en el órgano de la soberanía popular.

Es hora ya de que el Tribunal Constitucional acabe con el vacío de la representación y devuelva el escaño a Alberto Rodríguez para poner fin a una injusticia judicial que la gran mayoría de expertos en leyes consideran que hay que subsanar y que entienden como un abuso de autoridad del propio Marchena, si nos atenemos a la redacción de la propia sentencia.

Cuando la composición del Tribunal Constitucional todavía era mayoría conservadora parece que el asunto se abordó en alguna reunión, hasta el punto de que el periodista Ernesto Ekaizer llegó a publicar que la mayoría estaba dispuesta a devolverle el escaño. Algo extraño pasó porque ni el TC desmintió la noticia ni la sentencia sobre el particular se hizo pública, lo que dio pie a intensos rumores sobre la inconveniencia de que se le diera la razón al diputado canario por cuestiones que no parece difícil imaginarse.

Es por ello, por lo que hay que urgir al Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido a que tome de una vez una decisión definitiva que haga justicia y que se amparen los derechos de representación de los votantes canarios y, sobre todo, la función de parlamentario porque un poder, por muy judicial que sea, no tiene prioridad sobre el Legislativo, sobre todo porque no especifica su inhabilitación. Corre prisa antes de que se agote el actual mandato.

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