El juicio que tuvo lugar los días 20 y 21 de febrero en Londres supuso un punto de inflexión en la tormentosa odisea legal del fundador de WikiLeaks, Julian Assange. En esta instancia, el Tribunal Superior de Londres escuchó los argumentos finales tanto de la defensa como de la acusación sobre la solicitud de extradición de Assange a Estados Unidos. Se trataba de la última oportunidad para el periodista y activista australiano de evitar su entrega a la justicia yanqui, que a nivel político fue autorizada en junio de 2022.
Durante las dos vistas, presididas por los jueces Victoria Sharp y Adam Johnson, el equipo legal de Assange argumentó enérgicamente en contra de su extradición, resaltando el riesgo que enfrentaría en Estados Unidos, donde se le acusa de 18 delitos de espionaje e intrusión informática, los cuales están relacionados con la información clasificada proporcionada por la exsoldado y analista de inteligencia Chelsea Manning, cuya sentencia a 35 años de cárcel fue conmutada por Barack Obama en enero de 2017. Estos documentos, publicados por WikiLeaks en 2010 y 2011, revelaron violaciones flagrantes de derechos humanos por parte de Estados Unidos en las guerras de Iraq y Afganistán, convirtiendo el proceso en un referente de libertad de prensa y derechos fundamentales.
Edward Fitzgerald, abogado principal de Assange, lideró la argumentación legal contra la extradición, resaltando el riesgo que ésta suponía para la vida y la integridad de su defendido. Además, puso en duda la posibilidad de que Assange reciba un juicio justo en Estados Unidos, defendiendo que sus acciones y las de WikiLeaks deberían estar protegidas por la prerrogativa de la prensa para informar sin restricciones y merecen especial consideración.
Es relevante señalar que la Administración estadounidense acusa a Julian Assange de poner en peligro vidas humanas al publicar documentos clasificados, mientras que sus partidarios argumentan que estas acciones constituyen un elogiable trabajo de periodismo legítimo y que la información divulgada era de interés público. Entre los políticos que han expresado su apoyo a Assange se encuentra el primer ministro australiano Anthony Albanese, quien denunció la persecución que sufre su compatriota y votó a favor de una moción en el Parlamento australiano para facilitar su regreso a casa.
El expresidente brasileño Lula da Silva también ha mostrado su apoyo incondicional a Assange, expresando preocupación por su situación y abogando por su libertad. Lula, líder del Partido de los Trabajadores, es una de las personalidades internacionales más influyentes y ha instado a otros líderes mundiales a unirse a la causa. Además, a principios de 2022, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitó a Donald Trump la exoneración de Assange, destacando la importancia de proteger la libertad de expresión y el periodismo independiente.
A pesar del apoyo internacional, si los jueces del Tribunal Supremo británico rechazan el recurso final, Julian Assange enfrentará una difícil situación. Si pierde, sólo le quedará el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En este contexto, es crucial recordar las preocupaciones existentes sobre su salud y seguridad en Estados Unidos, donde podría enfrentar una condena de hasta 175 años de prisión o incluso la pena de muerte; su futuro sigue siendo incierto. Cabe recordar que lleva casi 13 años cautivo en el Reino Unido, a pesar de no haber sido condenado por ningún delito.
El posicionamiento de Ecuador también es relevante en esta historia. En agosto de 2012, Rafael Correa otorgó asilo político a Assange en su embajada en Londres, reconociendo su labor en favor de la libertad de expresión. Sin embargo, tras un cambio de gobierno, el fundador de WikiLeaks fue detenido en la embajada en 2019. El nuevo presidente, Lenín Moreno, le llegó a tildar de “hacker miserable y malcriado”, reflejando así un viraje radical en la política del país sudamericano, determinado por los intereses geopolíticos de Ecuador, cuya relación con Washington ha comenzado a ser más fluida en los últimos tiempos.
En este punto, es importante señalar las injerencias de la CIA en la trama, actuaciones que reflejan el interés de la Casa Blanca por controlar la información y castigar a quienes revelen secretos gubernamentales del país de las barras y las estrellas. Si finalmente Julian Assange es extraditado a Estados Unidos, corre el peligro de pasar el resto de su vida encarcelado o incluso ser asesinado impunemente por el simple hecho de informar de los horribles crímenes de guerra que el Pentágono oculta tras sus archivos clasificados. Es por esto por lo que este caso pone de manifiesto la importancia de proteger la labor que desempeñan los periodistas en todo el orbe.
El caso Assange es un dramático ejemplo de los desafíos que enfrenta el periodismo independiente en la era digital y la importancia de proteger el derecho a la libertad de comunicar y recibir información en un mundo interconectado. A medida que el proceso legal continúa su curso, queda por ver si Julian Assange recibirá un tratamiento objetivo ante la ley y si se hará justicia en este caso que ha generado tanta controversia a nivel internacional.
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